La causa penal por supuesta comisión del hecho punible de falso testimonio que involucra a la exfiscal Casse Giménez y al defensor público Fermín Bogado permanece paralizada desde noviembre del 2024 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, debido a una recusación planteada contra uno de los camaristas que debía conformar el tribunal encargado de analizar el caso.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en relación con declaraciones realizadas durante un juicio contra el exsenador Jorge Oviedo Matto en el que se cuestionó la veracidad de testimonios aportados por Giménez y Bogado, vinculados con audios y comunicaciones que formaron parte de la causa.
A consecuencia de la recusación, la Sala Penal no ha podido integrar el tribunal para decidir si confirma o revoca la admisión de la imputación, lo que impide el avance de la causa por más de 16 meses. Esta situación motivó que el ministro de la Corte Suprema, Manuel Ramírez Candia, solicitara la elaboración de un informe detallado sobre las razones de la demora y las medidas necesarias para destrabar el expediente y posibilitar su tratamiento.
Ante este contexto, además de la incidencia procesal de la recusación, el caso genera cuestionamientos sobre el cumplimiento de plazos dentro del sistema judicial, así como solicitudes de sobreseimiento provisional que no han podido ser estudiadas por la Sala.
La Corte Suprema de Justicia busca, con el informe requerido por el ministro Ramírez Candia, clarificar los pasos pendientes para que la Sala Penal pueda resolver sobre la recusación y, posteriormente, sobre la admisión de la imputación, lo que permitiría dar continuidad al proceso penal que involucra a Giménez y Bogado.
