La fiscal Sonia Sanguinés brindó detalles a PDS Radio sobre el desarrollo del juicio oral y público seguido contra exagentes policiales de la dictadura stronista, acusados por hechos de tortura y otros crímenes de lesa humanidad. Explicó que en la jornada más reciente se realizaron la réplica del Ministerio Público y la dúplica de la defensa y que el tribunal fijó para el próximo 22 de enero, a las 09:00hs, la continuación del proceso, conforme a la organización establecida para este juicio llevado adelante durante la feria judicial.
Sanguinés aclaró que en esa fecha aún no se dictará sentencia, debido a que existen dos excepciones de inconstitucionalidad pendientes de resolución ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Señaló que esta situación condiciona la posibilidad de que el tribunal pueda cerrar el debate y avanzar hacia la deliberación, más aún, considerando que el proceso se desarrolla en un periodo con limitaciones propias de la feria.
En relación con estas excepciones, la fiscal indicó que el presidente del tribunal solicitó informes al actuario y que, recientemente, fue notificada sobre la integración de la Sala Constitucional, tras la inhibición de uno de sus miembros y la designación de otro magistrado. Según afirmó, esta es la información más actualizada que se tiene respecto a ese trámite, que resulta clave para la continuidad del juicio.
Consultada sobre la situación de la víctima Domingo Guzmán, Sanguinés confirmó que el mismo falleció en el año 2024, antes de poder declarar ante el tribunal. No obstante, sostuvo que la existencia del hecho de tortura ha quedado debidamente acreditada a través de abundante prueba documental y testimonial incorporada durante el proceso, incluyendo informes técnicos, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas y la declaración de profesionales que entrevistaron a la víctima años antes.
La fiscal explicó que, si bien los testigos que comparecieron son en su mayoría de referencia, sus relatos fueron coherentes, uniformes y verosímiles y se complementan con otros testimonios de personas que coincidieron con la víctima tanto en el momento de la detención como durante su posterior traslado a centros de reclusión. En ese sentido, remarcó que en los casos de tortura no suele haber testigos presenciales directos, dado que se trata de hechos cometidos en contextos de encierro y clandestinidad, por lo que exigir ese tipo de prueba implicaría, a su criterio, favorecer la impunidad.
Respecto a la duración del proceso, Sanguinés recordó que la causa se inició formalmente en 2017 y que, en un principio, nueve personas fueron procesadas. Con el paso de los años, varias de ellas fallecieron y una permanece en situación de rebeldía, por lo que el juicio actualmente se desarrolla contra tres acusados. Indicó que el imputado que continúa prófugo es Nicolás Lucilo Benítez, mientras que el resto de los procesados iniciales ya no se encuentran con vida.
Finalmente, al ser consultada sobre otros casos de relevancia, la fiscala se refirió brevemente a la investigación por el ataque con bombas molotov, señalando que el autor material ya se encuentra procesado y que la pesquisa continúa para identificar al presunto autor intelectual. En ese marco, adelantó que el requerimiento conclusivo podría presentarse en los próximos meses, una vez que se consoliden los elementos que permitan determinar las responsabilidades correspondientes.
