La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió rechazar la inhibición presentada por el juez José Agustín Fernández en la causa contra el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, quienes enfrentan acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La resolución dictada en fecha 30 de julio del 2025, también ordena una auditoría de gestión debido a la prolongada demora en el tratamiento del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en diciembre del 2023.
El magistrado José Agustín Fernández, miembro del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala de la Capital, se apartó del caso alegando «resentimiento personal» hacia Díaz Verón, fundado en un episodio del pasado en que el Ministerio Público, bajo la gestión del entonces Fiscal General, había ordenado allanamientos en oficinas del tribunal donde Fernández se desempeñaba.
Sin embargo, la Corte, en el voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón, sostuvo que los motivos invocados carecen de sustento jurídico suficiente. Se enfatizó que el apartamiento de un juez solo puede justificarse con hechos concretos y graves que comprometan su imparcialidad, lo cual no fue demostrado.
Uno de los puntos críticos expuestos en la resolución judicial es la extensa dilación en el estudio del recurso de apelación contra la S.D. Nº 599, dictada en diciembre del 2023, causa que ingresó al tribunal en marzo del 2024 y aún no cuenta con resolución. Ante esta situación, la Corte ordenó remitir los antecedentes a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, para investigar las causas de la demora y, en su caso, individualizar responsabilidades.
Francisco Javier Díaz Verón, exfiscal general y su esposa enfrentan cargos por enriquecimiento ilícito, proceso que se remonta al año 2018. La causa ha pasado por múltiples incidencias procesales, incluyendo recusaciones contra jueces del tribunal de apelación, retrasando aún más su resolución de fondo.
Con votos favorables de los ministros Eugenio Jiménez Rolón y César Garay y con voto en disidencia parcial del ministro Manuel Ramírez Candia, la Sala Penal resolvió hacer lugar a la impugnación promovida por el juez Arnulfo Arias contra la inhibición de su colega; ordenar el inmediato retorno del expediente al Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala y disponer una auditoría de gestión sobre la tramitación de la causa.
