El juez penal de garantías, Mirko Valinotti, decidió conceder la suspensión condicional del procedimiento a Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez por el plazo de 2 años en el caso conocido como EMPO.
Además, el juez resolvió que ambos deberán donar G. 30 millones al Hospital de Clínicas y el Hospital San Pablo, el pago deberá realizarse en efectivo y en una sola transacción.
Según consta en la acusación presentada por el Ministerio Público, los empresarios Arivaldo Domingues de Queiroz y Enrique Ortuoste tienen la misma participación en el hecho de producción de documentos no auténticos.
Elo ilícito de producción de documentos no auténticos tiene una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa.
Ambos, como representantes legales de la empresa Empo Ltda S. A, utilizaron un certificado de cumplimiento tributario a los efectos de cobrar la factura de los servicios prestados en cumplimiento del contrato firmado con la municipalidad de Asunción correspondiente al mes de febrero del 2018 que fue de G. 1.701.107.120.
Según la acusación, dicho documento avalaba que la empresa se encontraba al día con los impuestos correspondientes y que los mencionados empresarios sabían que no estaban al día con sus obligaciones ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
En el mencionado hecho también están imputados Javier Pintos, Fabiana Benegas, Mariano Cáceres, Antonio Gaona, René Calonga, Augusto Wagner, Félix Ayala, Ireneo Román y Elena Alfonsi.
Por su parte, la exjefa del Departamento de Contratos de la Municipalidad de Asunción fue beneficiada con el sobreseimiento definitivo.
