El Ministerio Público presentó su requerimiento conclusivo, acusó y pidió juicio oral para Patricia Ferreira, por los hechos punibles de producción y uso de documento no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados, omisión de evitar un resultado, actuación en representación de otro y asociación criminal en calidad de autoría
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En lo que respecta a Nidia Godoy y Néstor Ramírez, fueron acusados en calidad de autoría por todos los delitos señalados más arriba a excepción del delito de omisión de evitar un resultado.
Según refiere la acusación presentada por los agentes fiscales, Sussy Riquelme, Alma Zayas y Marcelo Pecci, desde el 12 de abril de 2017, fecha en que Patricia asumió como presidente de Insumos Médicos S.A. (Imedic. S.A.) y Nidia Godoy como directora, utilizaron la empresa para cometer reiteradas ilicitudes basadas principalmente en la falsificación de documentos relacionados al comercio exterior, con impacto en las relaciones jurídicas nacionales, con vulneración del sistema aduanero y de control sanitario ejercido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, respecto a medicamentos que fueron introducidos al país y distribuidos peligrosamente al mercado nacional, violando las reglas establecidas para tales procedimientos.
En lo que respecta al despachante aduanas Néstor Domingo Ramírez, el mismo habría utilizado una factura falsa para realizar las gestiones y los trámites para el desaduanamiento de las mercaderías.
La fiscalía sostiene que las tres personas acusadas han sido protagonistas de hechos propios y diferenciados con una fenomenología fáctica que en gran medida los conecta firmemente en un común denominador, precisamente la decisión operativizada por Ferreira Pascottini, Godoy Ojeda y Ramírez Giménez para unirse y perpetrar graves conductas que dieron consistencia y utilidad a la organización criminal que lograron erigir con alta sincronización y distribución de roles para alcanzar sus metas, atentando contra bienes jurídicos tutelados por el Paraguay.
La jueza Clara Ruiz Díaz debe fijar una fecha para la realización de la audiencia preliminar en donde se debe definir si eleva o no la causa a juicio oral y público así como pide la fiscalía.
