El Ministerio Público solicitó la desestimación de la denuncia presentada por Marcelo Rodrigues Gómez, hijo del exdiputado Eulalio Gomes Batista, relacionada con la muerte de su padre durante un allanamiento realizado el 19 de agosto del 2024. La solicitud se basa en los resultados de la investigación fiscal sobre los hechos ocurridos en la residencia del exdiputado, ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
El allanamiento, autorizado por A.I. N° 320 de fecha 16 de agosto del 2024, firmado por el juez penal especializado contra el Crimen Organizado Osmar David Legal, se llevó a cabo en el marco de la causa N° 8198/2024, «Eulalio Gómez Batista y otros s/ Lavado de activos provenientes del tráfico de drogas y otros». El objetivo era buscar y secuestrar objetos y documentos vinculados a los hechos punibles investigados en la causa mencionada.
Según el relato de hechos presentado por la Fiscalía, el 19 de agosto del 2024, a las 03:30 horas, los agentes policiales irrumpieron en la vivienda. La esposa del exparlamentario, la señora Joana Izabel Rodrigues Comes, declaró que se había despertado a las 02:55 horas para rezar y que su esposo dormía en la cama matrimonial. Al oír ruidos, despertó a su esposo, quien tomó un arma de fuego.
La Fiscalía sostiene que, una vez que la puerta se abrió parcialmente, un agente policial disparó para neutralizar a quien disparaba desde dentro de la habitación, impactando los proyectiles en Eulalio Gomes Batista y causándole la muerte.
Marcelo Rodrigues Gomes presentó una denuncia por homicidio doloso, alegando que el allanamiento se realizó con uso excesivo de la fuerza y que la orden judicial solo autorizaba la incautación de documentos, sin necesidad de actuar con armas largas. Adjuntó a su denuncia el certificado de defunción de Eulalio Gomes.
Sin embargo, tras la investigación, la Fiscalía considera que los hechos se desarrollaron de manera diferente a lo denunciado y solicita la desestimación de la causa, argumentando que el uso de la fuerza fue necesario para neutralizar una amenaza durante un procedimiento legalmente autorizado.
