Luego de numerosas suspensiones por fin inició la dilatada audiencia preliminar para el exministro del MOPC Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra Marta Benítez, procesados tras el fallido proyecto del Metrobús. La audiencia se realiza ante el Juez Humberto Otazú con la presencia de los fiscales Giovanni Grisetti, Yeimy Adle y Natalia Silva.
Según la acusación, el perjuicio patrimonial es de Gs. 180.030.528.699. Entre las irregularidades, se menciona que no existió un proyecto final, nunca se obtuvo permiso de los municipios, no se liberó la franja de dominio del tramo 3, se pagó a dos consultorías por la misma labor siendo propiedad de un solo dueño, entre otros puntos.
Según la hipótesis del Ministerio Público, fueron aprobados los contratos N° 2419/Oc-Pr por valor de US$ 47 millones y N° 2420/BI-PR por US$ 78 millones suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento del Programa de Reconversión, Centro, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas del Gobierno que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
En ese contexto, en fecha 19 de febrero del año 2016 fue adjudicada la empresa Motta – Engil Ingeniería y Construcción S.A., según resolución N° 182 de la misma fecha, emanada por el entonces Ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, firmando como gerente Guillermo Alcaráz y como coordinador Pedro Vera Duarte. Dentro de dicha adjudicación, el exministro del MOPC y el apoderado general de Motta – Engil – Ingeniería y Construcción S.A., sucursal Paraguay, firmaron el contrato N° 100/2016 con Víctor Gómez Alves, representante legal.
De acuerdo a la acusación, Jiménez Gaona, en su carácter de Ministro “no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos». Un caso emblemático que estuvo a días de la prescripción debido a la ineptitud del Ministerio Público, que la ciudadanía espera que prospere y, si los hubiere, el castigo para los responsables del hecho punible.
