Un Tribunal de Apelaciones concedió una prórroga extraordinaria de cuatro meses al Ministerio Público para la presentación del requerimiento conclusivo en la causa conocida como «Nexus I», en la que está imputado Diego Giménez Arámbulo, inestigado por su presunta participación en actividades vinculadas al tráfico de drogas. Con esta decisión, la fiscal antidrogas Ingrid Cubilla tendrá plazo hasta el 15 de octubre para definir la posición conclusiva del Ministerio Público en el proceso.
Según la hipótesis fiscal, Giménez Arámbulo habría participado en una estructura dedicada al tráfico de drogas que tendría origen en Bolivia y que posteriormente introducía y distribuía las sustancias en Asunción y zonas aledañas. La investigación sostiene además que el imputado habría desempeñado funciones de coordinación y organización dentro del esquema presuntamente ilícito. La representante del Ministerio Público solicitó la ampliación del plazo argumentando que aún se encuentran pendientes diligencias consideradas relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados.
Entre ellas figura la extracción y análisis de datos contenidos en teléfonos celulares y equipos DVR incautados durante procedimientos realizados en el marco de la causa. La fiscal explicó que dichas tareas, pese a haber sido autorizadas judicialmente, no pudieron ejecutarse inicialmente debido a la falta de software especializado para el procesamiento de la información. Actualmente, según informó, la extracción de datos ya se encuentra en curso, aunque posteriormente deberá realizarse el análisis técnico correspondiente de los contenidos obtenidos.
La solicitud de prórroga también se fundamentó en la necesidad de incorporar informes requeridos a empresas de telefonía móvil sobre la titularidad de líneas telefónicas y códigos ICCID asociados al imputado. Asimismo, continúan pendientes respuestas de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), respecto a fotografías de armas detectadas durante extracciones de datos efectuadas previamente sobre dispositivos electrónicos vinculados a la investigación.
A ello se suman pedidos de informes dirigidos a una cooperativa de ahorro y crédito sobre cuentas y servicios financieros, así como la incorporación de una evaluación psiquiátrica practicada al procesado por el Departamento de Salud Mental del Ministerio Público, cuyo resultado aún no fue remitido oficialmente.
Otro elemento pendiente es el informe definitivo de análisis químico de sustancias estupefacientes elaborado por el Laboratorio Forense de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), documento que ya habría sido confeccionado, pero cuya remisión todavía no se concretó.
Al analizar la solicitud, el Tribunal concluyó que las diligencias mencionadas guardan relación directa con la investigación y que los elementos probatorios pendientes podrían resultar relevantes para determinar aspectos vinculados a la configuración de los hechos investigados y a la eventual responsabilidad penal del imputado. Los camaristas reñalaron especialmente la importancia de las pruebas digitales, cuya obtención y procesamiento requieren procedimientos técnicos complejos y tiempos mayores de análisis para garantizar su validez y eventual incorporación en juicio oral.
La resolución destaca además que la demora en la incorporación de estas evidencias no responde a una falta de actividad investigativa por parte del Ministerio Público, sino a circunstancias objetivas relacionadas con la obtención y procesamiento de información especializada.
Con base en estos argumentos, el Tribunal resolvió hacer lugar al pedido de la fiscal Ingrid Cubilla y fijó el 15 de octubre como nueva fecha límite para la presentación del requerimiento conclusivo en la causa. La investigación continúa abierta mientras el Ministerio Público aguarda la incorporación de los informes técnicos, periciales y documentales pendientes para definir los próximos pasos procesales dentro del caso Nexus I.
