El abogado José Fernández Zacur, defensor del juez Gustavo Villalba, habló con PDS Radio y cuestionó duramente la imputación formulada contra su cliente, calificándola de «sinsentido jurídico» y afirmando que carece de sustento técnico. Esto en el marco de la causa conocida como “mafia de los pagarés”.
Durante la entrevista, el abogado sostuvo que la acusación presentada por el Ministerio Público contra su defendido responde a una «alarma social y mediática», más que a una base jurídica sólida. Según explicó, la imputación contra Villalba sigue el mismo patrón que las formuladas contra otros jueces de paz de la capital, por lo que ya esperaban esta medida y ahora se preparan para encarar formalmente la defensa.
Fernández Zacur afirmó que aún no tuvo acceso al documento de imputación específico de su cliente, pero que, basándose en imputaciones anteriores, considera que la Fiscalía realiza una interpretación errónea de la responsabilidad del magistrado. «Se insiste en que el juez sabía de ciertas irregularidades, pero no explican cómo se presume ese conocimiento, cuando la verificación de esos actos procesales no es responsabilidad del juez», señaló.
El abogado enfatizó que los documentos en cuestión, como las cédulas de notificación y los informes de actuarios, son documentos públicos que «hacen plena fe» conforme a la normativa vigente. «Si el juez hubiese actuado contra esos documentos, entonces sí habría prevaricato. Pero en este caso, el juez siguió el proceso normativo establecido», indicó.
Sobre el supuesto hecho de prevaricato, Fernández Zacur señaló que el Ministerio Público no aclara cuál es el error concreto dentro de la resolución que lo configuró como delito. «El prevaricato es fallar contra derecho en el contenido de una resolución judicial, no tiene que ver con sus antecedentes. Vamos a pedir a la fiscalía que precise cuáles son los errores procesales que le hacen presumir que hubo prevaricato», expresó.
Asimismo, el abogado resaltó que en el proceso civil rige el principio dispositivo, lo que significa que el juez no puede pronunciarse sobre aspectos que no hayan sido solicitados por las partes. «Si alguna de las partes hubiera planteado un incidente de nulidad sobre una cédula y el juez hubiese fallado en contra de derecho para beneficiar a una parte, estaríamos hablando de otra cosa. Pero no es el caso», aclaró.
Finalmente, el defensor indicó que la estrategia inicial de la defensa será exigir que el Ministerio Público precise los elementos de la imputación, en especial cómo se determina que el juez tenía conocimiento de las presuntas irregularidades y cuál es el supuesto error procesal que justificaría la acusación de prevaricato. «Primero la fiscalía debe aclarar su postura, y a partir de ahí, nosotros encarar la defensa», concluyó.
