En medio de la polémica sobre el caso denominado «mafia de los pagarés», el abogado José Fernández Zacur, quien representa al juez de paz Gustavo Villalba manifestó a PDS Radio su preocupación respecto a la generalización de responsabilidades en la investigación en curso.
Según el letrado, las auditorías realizadas a los juzgados involucrados han evidenciado diferencias significativas en cuanto al manejo de expedientes, lo que, a su criterio, debería llevar a un tratamiento diferenciado por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el Ministerio Público.
El abogado subrayó que, a diferencia de otros juzgados donde se encontraron irregularidades masivas, en el juzgado de Villalba solo se detectaron cinco resoluciones con firma, pero sin fecha y un expediente sin cargo. «Estamos hablando de miles de expedientes irregulares en otros juzgados, mientras que en el juzgado del Dr. Villalba se observan apenas unas pocas inconsistencias que ni siquiera afectan el trámite de los casos», enfatizó.
Otro de los puntos de preocupación mencionados por la defensa es la aplicación de la normativa respecto a la responsabilidad de los jueces sobre las actuaciones de sus subordinados. El abogado argumentó que la ley es clara en cuanto a la distribución de responsabilidades, estableciendo que el juez dicta resoluciones pero que el control de los procedimientos recae en los actuarios y ujieres.
«Es impracticable que un juez revise cada cédula de notificación cuando su carga de trabajo implica resolver miles de expedientes en tiempos extremadamente reducidos», sostuvo.
El letrado también informó que, si bien se han trasladado 600 expedientes de este juzgado para su análisis, hasta el momento no se han abierto procesos formales contra su defendido ni se lo ha convocado a una indagatoria. Sin embargo, expresó su desacuerdo por la incautación del teléfono del magistrado y el allanamiento de su despacho, medidas que podrían interpretarse como una imputación indirecta. A pesar de la situación, el abogado resaltó que el juez Villalba no ha sido suspendido por la Corte Suprema, a diferencia de otros magistrados involucrados en la investigación.
«El Dr. Villalba incluso solicitó la implementación del expediente electrónico para la justicia de paz, lo que demostraría su intención de transparentar el sistema y evitar cualquier irregularidad ligada al uso de documentos físicos», agregó.
Finalmente, la defensa manifestó su preocupación por lo que considera una «generalización» en la investigación judicial, advirtiendo que se debe evitar meter a todos los jueces en «una misma bolsa» y que cada caso debe ser analizado en su justa medida. La causa sigue en proceso y se espera que en los próximos días se definan los pasos a seguir por parte de la Fiscalía y el Jurado de Enjuiciamiento.
