En el marco del avance de la investigación de una presunta red de corrupción judicial, los jueces de garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú y Rodrigo Estigarribia, autorizaron la extracción técnica de datos de teléfonos celulares pertenecientes a cuatro jueces imputados en distintas causas por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
Los jueces imputados en el marco de la causa conocida como “mafia de los pagarés” son Analía Cibils Miñarro, Nathalia Guadalupe Garcete Aquino y Gustavo Enmanuel Villalba Báez, todos jueces con cargos en juzgados de paz de la capital. Además, también se encuentra procesada la exjuez Liliana Mabel González de Bristot.
Con esta resolución, ya son cuatro las causas activas en las que el Ministerio Público, a través de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce Rolandi y Leonardi Guerrero, ha solicitado y obtenido autorización judicial para peritar dispositivos móviles incautados en allanamientos realizados el pasado 10 de febrero del corriente año.
Las resoluciones coinciden en habilitar el acceso técnico a los contenidos actuales y eliminados de los teléfonos celulares incautados. El objetivo central es esclarecer si existieron vínculos comunicacionales y concertaciones entre los magistrados y otros actores procesados (actuarios, ujieres, abogados y oficiales de justicia) en causas de presunta corrupción administrativa.
Los dispositivos en cuestión son Un Redmi con línea Tigo perteneciente a Carmen Cibils Miñarro. Un Samsung azul incautado a González de Bristot. Un iPhone 15 Pro Max gris, propiedad de Garcete Aquino. Un iPhone 15 Pro y un iPhone 16 Pro Max, ambos usados por Villalba Báez.
El encargado de las pericias será el ingeniero Jorge Sebastián Riquelme Salinas, del Laboratorio Forense del Ministerio Público, quien deberá ejecutar la extracción de datos bajo estricta supervisión judicial. Las diligencias autorizadas incluyen el análisis de mensajes de texto y voz (actuales y borrados), historial de llamadas, correos electrónicos, agenda de contactos, archivos multimedia (fotos y videos), archivos almacenados en la tarjeta SIM y memoria interna.
Cada medida fue considerada idónea, necesaria y proporcional, respetando lo establecido en los artículos 33 y 36 de la Constitución Nacional (derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de la comunicación privada) y los artículos 172, 173, 192 y 282 del Código Procesal Penal.
El juez Humberto Otazú, quien firmó la última autorización relativa al caso de Cibils Miñarro, enfatizó que se trata de una intervención justificada en derechos fundamentales ante la gravedad de los hechos investigados. Aclaró que se deberá mantener estricta reserva sobre los datos no relacionados directamente con la causa.
Según el Ministerio Público, los celulares podrían contener evidencias clave de un esquema de manipulación judicial, en el que estarían involucradas más de 20 personas, incluyendo funcionarios judiciales y representantes de empresas privadas vinculadas a juicios ejecutivos. La extracción de datos podría confirmar el patrón de comportamiento o revelar nuevas ramificaciones del caso.
Todas las diligencias se realizarán el próximo 12 de junio del 2025 en la sede del Laboratorio Forense y los informes deberán ser entregados en un plazo de hasta 30 días hábiles.
