El abogado Mario Elizeche, representante legal de José Manuel Fuster Castellano, representante de Bristol S.A., en el denominado caso “Mafia de los pagarés”, expresó su conformidad con la decisión judicial que admitió la mayoría de las pruebas ofrecidas por la defensa en el marco de la audiencia preliminar.
El letrado destacó especialmente la exclusión de las declaraciones de ujieres procesados, al considerar que dichas personas tienen un interés directo en el resultado del proceso y carecen de respaldo documental suficiente que sustente sus afirmaciones. En ese sentido, sostuvo que no corresponde su incorporación como testigos en ausencia de figuras jurídicas como la delación premiada en este tipo de hechos.
El caso, que involucra a la firma Bristol S.A., investiga un presunto esquema de cobros compulsivos mediante el uso reiterado de pagarés, lo que habría derivado en múltiples denuncias por irregularidades en el sistema de ejecución de deudas. El abogado también cuestionó la modalidad adoptada para el desarrollo de las audiencias preliminares, señalando que la realización simultánea de estas diligencias podría afectar el derecho de las partes a ejercer un adecuado control sobre la producción de pruebas.
En ese contexto, advirtió sobre supuestas contradicciones en la actuación del Ministerio Público, al indicar que se pretendía incluir como testigos a personas ya procesadas en la causa, mientras que en otros casos se objetaba la participación de declarantes por la posibilidad de una futura imputación.
No obstante, Elizeche señaló que la admisión de un ujier no procesado como testigo no representa un inconveniente para la estrategia de la defensa, al considerar que su declaración podrá ser debidamente controvertida en el debate oral.
Por otra parte, el defensor cuestionó el enfoque de la investigación fiscal, afirmando que no se habría profundizado en aspectos relevantes del caso, como el uso reiterado de un mismo instrumento para la gestión de cobros ni la eventual vulneración de límites legales en los descuentos aplicados a los deudores.
La causa se encuentra en etapa preliminar, a la espera de que el juzgado defina la elevación o no a juicio oral, instancia en la que se analizarán en profundidad las pruebas admitidas y los planteamientos de las partes.
