La docente jubilada María Teresita Sánchez, tras más de 15 años de padecimientos económicos causados por embargos irregulares derivados del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”, se presentó en la sede del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) para agradecer personalmente a la defensora pública Leticia Casaccia, por las gestiones que permitieron levantar ocho juicios ejecutivos de cobro de guaraníes que la mantenían asfixiada financieramente.
El Defensor General Javier Dejesús Esquivel destacó el esfuerzo de su equipo y recordó que este tipo de intervenciones, invisibles para la ciudadanía, son esenciales en la tarea de proteger a los más vulnerables. “Estos son los hechos que nos llenan de satisfacción. Seguimos firmes en nuestra misión”, expresó.
Sánchez relató que la defensora Casaccia y su equipo dedicaban jornadas completas para atender su caso en el Juzgado de Paz, coordinando diligencias que finalmente derivaron en la eliminación de ocho embargos. “Me hacían sentir parte de su equipo, me demostraban humanidad y compromiso. Eso me dio fuerzas para no rendirme”, sostuvo. La docente reconoció que aún quedan dos juicios por resolverse, pero confía en que el trabajo de la Defensa Pública pondrá fin a un calvario que comenzó con la adquisición de electrodomésticos y una motocicleta bajo condiciones abusivas.
Por esta última terminó pagando cerca de Gs. 50 millones, pese a que su valor real no superaba los cinco millones. El mecanismo fraudulento operaba mediante “notificaciones voladoras”, documentos falsificados que simulaban haberse entregado en domicilios donde la afectada nunca residió, incluso en Fernando de la Mora. Con ello, se habilitaban embargos sin que las víctimas pudieran defenderse.
La docente recordó que durante años sufrió descuentos que consumían casi la totalidad de su salario, mientras observaba cómo colegas jubilados y activos también eran afectados, algunos incluso sin poder cobrar aguinaldos. “Conocí a un compañero que, desesperado, murió de un paro cardíaco”, lamentó. El caso de Sánchez se suma a decenas de docentes atrapados en una red de demandas iniciadas por empresas como Rentable S.A. y Grupo Capital S.A., en procesos tramitados en el Juzgado de Paz de Luque, a cargo de la juez Norma Ortíz.
Para llegar hasta la capital y defenderse, Sánchez debió reunir pequeños ahorros y recibir orientación de la Comisión Especial del Senado contra la “mafia de los pagarés”. Fue allí donde conoció a la defensora Casaccia, a quien hoy reconoce como pieza clave en la lucha contra un sistema perverso que vulneró los derechos de trabajadores durante años.
