En una entrevista con PDS Radio, la fiscal Karina Caballero brindó detalles sobre la investigación que encabeza en torno al caso conocido como la “mafia de los pagarés”, donde estarían involucrados funcionarios judiciales, casas de crédito y miembros de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).
La causa ya cuenta con una imputación de más de 70 páginas y afecta a más de 100 personas, en su mayoría funcionarios públicos. Caballero explicó que la Asociación firmó contratos con casas de crédito para gestionar préstamos a sus asociados, operando como una entidad de intermediación financiera sin autorización del Banco Central del Paraguay (BCP). A cambio, cobraba comisiones del 2,5% al 3% por cada crédito, lo cual ya constituye una práctica irregular.
Según la fiscal, el esquema consistía en descontar automáticamente las cuotas del crédito del salario de los asociados, pero en muchos casos, esos montos no eran transferidos a las casas de crédito. “El dinero desaparecía en la Asociación y como no llegaba a la entidad financiera, la deuda seguía vigente en los papeles. Entonces, los mismos créditos eran ejecutados judicialmente, haciendo que los afectados pagaran dos veces”, denunció.
Además, señaló graves irregularidades en la tramitación judicial de los cobros compulsivos. Citó como ejemplo una notificación en la que una actuaria declaró haber dejado la cédula “adherida al portón” del SNPP tras aplaudir unos minutos, lo que, según Caballero, viola las normas legales de notificación y genera indefensión.
La investigación también arrojó que varios pagarés ejecutados contenían datos falsos y que las cuotas sociales, los aportes de ahorro y algunos bienes inmuebles de la asociación desaparecieron sin dejar rastro contable. “Tuvimos que recorrer un largo camino para acceder a todos los expedientes y contratos firmados entre las casas de crédito y la asociación. Ahora ya contamos con las pruebas necesarias para sostener nuestra teoría del caso”, afirmó.
En relación al rol del Poder Judicial, la fiscal Caballero no ocultó su preocupación. Aseguró que varios juzgados de paz facilitaron estos cobros irregulares mediante embargos injustificados sobre los salarios de los funcionarios, muchos de los cuales no sabían siquiera qué deuda se les estaba cobrando. “Estamos hablando de créditos que ya fueron descontados en su totalidad. La deuda debió haberse reclamado a la asociación, que figuraba como deudora principal y solidaria”, remarcó.
La imputación incluye al juez Víctor Rodríguez y a varios funcionarios judiciales. Consultada sobre si será necesario un nuevo desafuero, la fiscal indicó que analizarán la situación “imputado por imputado”, considerando que algunos ya enfrentan causas anteriores. Caballero también se refirió al impacto emocional y económico sobre las víctimas: “Algunos embargos siguen activos. La gente está desesperada. Acuden a la Fiscalía en busca de una solución, de justicia”.
Finalmente, hizo un llamado a que el propio sistema judicial asuma la responsabilidad y brinde una respuesta ágil y clara; “Si fue el juzgado el que generó el perjuicio, lo lógico es que el sistema dé una solución, no que le pida al ciudadano que resuelva por su cuenta. Eso es lo que espera la gente, una respuesta directa y rápida”. La fiscal anunció que ya se solicitó una pericia contable para determinar el monto total del perjuicio económico, aunque adelantó que se trata de una cifra millonaria.
