La agente fiscal de Luque, Liz Medina, formuló imputación contra una exjuez de Paz, funcionarios judiciales y un abogado en el marco de una investigación por presuntas irregularidades detectadas durante la tramitación de un juicio ejecutivo. La causa fue abierta por la posible comisión de los hechos punibles de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos falsos y testimonio falso.
Entre los procesados figuran una exmagistrada de la jurisdicción de Luque Norma Ortiz, una actuaria judicial, un ujier notificador, un oficial de justicia, el profesional del derecho que habría representado a la firma Comaco SRL, así como dos personas que habrían intervenido como testigos. La imputación describe un presunto esquema de actuaciones irregulares vinculadas al esquema conocido como “mafia de los pagarés”
De acuerdo con los antecedentes, el abogado demandante habría solicitado apercibimientos al juzgado basándose en notificaciones que, conforme a la investigación, no se habrían practicado. En ese contexto, la actuaria habría informado a la entonces juez que las diligencias se realizaron y que la demandada no compareció a reconocer su firma, lo que habría servido de sustento para decisiones posteriores.
Sobre esa base, la magistrada dictó el A.I. N° 4244 de fecha 11 de junio del 2015, por el cual tuvo por reconocida la firma y dispuso la prosecución del juicio ejecutivo. La resolución también habría sido objeto de una notificación presuntamente falsa realizada por el ujier, conforme a lo señalado en la imputación. El Ministerio Público sostiene además que el oficial de justicia habría consignado de manera inexacta el cumplimiento de intimaciones de pago, embargos y otras diligencias procesales que supuestamente se realizaron en la ciudad de Luque, lo que habría contribuido a sostener la continuidad del proceso.
Pese a las presuntas irregularidades, el abogado habría instado el dictado de autos para sentencia de remate. Posteriormente, la juez, con el refrendo de la actuaria, dictó la Sentencia Definitiva N° 2814, del 09 de octubre del año 2015, ordenando la ejecución y el remate, decisión que, según la investigación, se habría adoptado con conocimiento de que las notificaciones no se realizaron de manera efectiva.
En síntesis, la hipótesis fiscal indica que informes de notificación supuestamente falsos, elaborados por el ujier y avalados por la actuaria, habrían sido utilizados para impulsar el proceso civil, pese a que la parte demandada no habría sido debidamente notificada, lo que podría haber afectado su derecho a la defensa.
Finalmente, el Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados, quedando ahora la causa a disposición del juzgado competente que deberá resolver la situación procesal de los involucrados.
