En el marco de una investigación por presunta estafa con pagarés falsificados, la Fiscalía continúa con la toma de declaraciones a víctimas y funcionarios judiciales que podrían estar involucrados en la causa. La pesquisa, que apunta a posibles irregularidades dentro del Poder Judicial, ya cuenta con el testimonio de una actuaria interina, quien reveló presiones para firmar órdenes de pago sin los controles adecuados.
Según Ministerio Público, el caso se centra en la posible participación de jueces, actuarios y oficiales de justicia en un esquema que habría facilitado la ejecución fraudulenta de deudas inexistentes o infladas. «Nosotros como unidad especializada estamos enfocando la causa desde la teoría de la participación de los funcionarios judiciales», explicó la Fiscal Belinda Bobadilla en una entrevista a PDS Radio.
La denuncia de la actuaria interina refuerza la sospecha de que dentro de los juzgados se estaban emitiendo resoluciones sin la debida verificación. «Me pedían que firmara las órdenes de pago con rapidez, sin revisar los documentos como corresponde», declaró la funcionaria, quien también señaló haber registrado irregularidades como la falta de firmas, sellos y autenticaciones en los expedientes.
En paralelo, los fiscales están analizando más de 2.700 expedientes vinculados a la investigación. La revisión ha tomado un ritmo lento debido al volumen de documentos y la necesidad de cotejar información relevante antes de avanzar con imputaciones formales. «Por ahora, hemos completado el análisis en dos juzgados y nos quedan tres por revisar», informó la fiscal.
La indagación también se ha extendido a la participación de abogados privados, quienes podrían haber colaborado con los funcionarios judiciales en la perpetración de las irregularidades. «Siempre hay dos caras de la moneda: alguien que ofrece y alguien que acepta», agregó la Bobadilla. En cuanto a los jueces investigados, sus dispositivos móviles fueron incautados durante los allanamientos en sus despachos, aunque hasta el momento no se ha determinado una fecha para la extracción y análisis de los datos contenidos en ellos.
Mientras tanto, la investigación sigue su curso con un equipo de ocho personas encargadas de revisar documentos, tomar declaraciones y avanzar con las diligencias. La expectativa es que, una vez concluido el análisis de los expedientes restantes, se definan las posibles imputaciones y la participación de cada involucrado en la presunta estafa.
El caso ha generado una fuerte reacción en la opinión pública, con manifestaciones de víctimas frente al Ministerio Público exigiendo justicia. Entretanto, la Fiscalía se mantiene firme en su postura de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades dentro y fuera del ámbito judicial.
