El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició de oficio el enjuiciamiento del juez de paz Gustavo Villalba, imputado en el marco de la investigación de la mafia de los pagarés. Además de ello, se dispuso el desafuero del mismo.
La Dra. Alicia Pucheta emitió su voto a favor del desafuero y enjuiciamiento del juez de paz del distrito de la Catedral, Gustavo Enmanuel Villalba Báez, quien enfrenta una causa penal en su contra por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
Según lo expuesto en su intervención, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero presentaron la imputación contra Villalba el 01 de abril del 2025, argumentando que el magistrado habría firmado 88 resoluciones judiciales sin que las notificaciones a los demandados fueran efectivamente practicadas. Esto habría permitido la continuidad irregular de juicios ejecutivos sin garantizar el derecho a la defensa de las partes afectadas.
Pucheta enfatizó que la Constitución Nacional otorga inmunidad a los magistrados en el ejercicio de sus funciones, pero que dicha protección no es absoluta y puede ser levantada cuando existen indicios de hechos punibles. En ese sentido, explicó que la conducta atribuida a Villalba evidenciaría una violación del derecho de defensa en juicio, consagrado en el artículo 16 de la Carta Magna, así como un apartamiento deliberado de la ley para favorecer a una de las partes en litigio.
El voto de la Dra. Pucheta respaldó la necesidad de desaforar al juez para permitir que sea sometido al proceso penal y, de manera simultánea, ordenó la apertura de un enjuiciamiento por la causal de comisión de hechos punibles. Sin embargo, aclaró que dicho enjuiciamiento quedará suspendido hasta que exista una resolución firme en sede penal.
Asimismo, señaló que este proceso debía acumularse al ya iniciado contra Villalba por mal desempeño de funciones, dado que ambos expedientes abordan hechos coincidentes y podrían derivar en resoluciones contradictorias si se tramitan por separado.
