El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió iniciar de oficio una investigación preliminar previa en relación al Juez de Paz del distrito de la Recoleta Víctor Rodríguez Acosta, , de conformidad a lo dispuesto en el Art. 18 de la ley del jurado, con relación a las publicaciones periodísticas y los antecedentes remitidos por la CSJ, en atención a la auditoría realizada en el Juzgado de Paz y puesto a conocimiento de los miembros.
El ministro César Garay expuso graves acusaciones contra el juez de paz Víctor Rodríguez Acosta, del distrito La Recoleta, Circunscripción Judicial Capital. El caso ha tomado relevancia luego de que medios digitales reportaran un escándalo judicial. Según Garay, el plazo legal de 20 días establecido en el artículo 18 de la ley especial se ha cumplido, habilitando así al JEM para analizar el caso. A su vez, destacó que, además de las publicaciones periodísticas, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia remitió antecedentes clave a través de la resolución Nº 11.770 del 05 de febrero del 2025, en la que se ratifica una decisión previa del Consejo de Superintendencia para elevar el caso al jurado.
Las investigaciones revelaron anomalías en la gestión del juez Rodríguez Acosta, entre ellas, la emisión de resoluciones sin fecha, la autorización de retiros de expedientes sin fijar plazos para su devolución y la permisividad con respecto a procedimientos irregulares dentro de su juzgado. De acuerdo con la Auditoría de Gestión Jurisdiccional, estas anomalías fueron detectadas en 434 expedientes, mientras que otras irregularidades procesales se identificaron en 7.927 casos.
Entre los expedientes que ejemplifican estas prácticas, se mencionaron los juicios AD S.A. contra Claudia Natalia Barreto Espínola (acción preparatoria a juicio ejecutivo); X Fácil S.A. contra Richard Benítez (acción preparatoria a juicio ejecutivo) y Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito Ltda. contra Ramón Ojeda (acción preparatoria a juicio ejecutivo).
El ministro Garay subrayó que estas irregularidades afectan gravemente el interés público y comprometen la confianza ciudadana en el sistema judicial. Además, vinculó la conducta del juez con patrones reiterativos de mal desempeño observados en otros magistrados investigados en el caso conocido como “mafias de los pagarés”. Finalmente, Garay concluyó que los elementos presentados justifican el inicio de un enjuiciamiento de oficio contra el juez Rodríguez Acosta y solicitó a la Corte Suprema su suspensión sin goce de sueldo, en cumplimiento del artículo 13, inciso C, de la ley especial.
