En comunicación con PDS Radio la Fiscal Belinda Bobadilla brindó detalles sobre los avances en la investigación del caso conocido como «mafia de los pagarés», una presunta red de fraude judicial que operaba en varios juzgados de paz de la capital. La causa ya cuenta con varias imputaciones y las autoridades han identificado patrones de conducta que podrían implicar a más involucrados.
Durante la entrevista, la fiscal explicó que la imputación reciente se basa en hechos similares a los de las cuatro imputaciones previas. Bobadilla señaló que la investigación surgió a partir del allanamiento de varios juzgados de paz, donde fueron incautados alrededor de 263 expedientes. De estos, al menos 86 contenían supuestas notificaciones falsas firmadas por ujieres de justicia. «Estas notificaciones consignaban haberse realizado en horarios imposibles, ya que aparecían registradas en distintas ciudades de manera simultánea», explicó.
Según la Fiscalía, los expedientes analizados estaban vinculados a un mismo abogado demandante, lo que refuerza la hipótesis de un esquema fraudulento para obtener resoluciones favorables. En esta etapa del proceso, fueron imputados un actuario, un abogado, un oficial de justicia y dos ujieres notificadores, quienes habrían participado en la maniobra.
Además de ello, la agente del Ministerio Público informó que se solicitaron medidas cautelares para los imputados, incluyendo la prohibición de salir del país, la obligación de firmar periódicamente el libro de comparecencias y una caución real acorde a los delitos investigados.
Respecto a la situación de los jueces involucrados en el escándalo, Bobadilla recordó que, debido a que los mismos cuentan con fuero no pueden ser indagados hasta que este sea levantado. En este sentido, confirmó que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya suspendió y desaforó a tres jueces, permitiendo que avancen las investigaciones en su contra.
El caso tomó un nuevo giro cuando uno de los imputados, un oficial de justicia, presentó recusaciones contra el equipo fiscal y el Fiscal General del Estado. No obstante, la Corte Suprema de Justicia rechazó estas recusaciones, permitiendo que el equipo de fiscales continúe con la investigación y formalice las nuevas imputaciones. Finalmente, la fiscal Bobadilla indicó que la investigación se sigue ampliando, ya que continúan recibiendo denuncias y declaraciones de personas que aseguran no haber sido notificadas en los procesos judiciales en los que aparecían como demandadas.
«Buscamos respaldar estas afirmaciones con otros elementos de convicción, ya que la sola declaración de los afectados podría no ser suficiente», aclaró. El Ministerio Público mantiene su compromiso de esclarecer la estructura y el alcance del esquema de falsificación de notificaciones y resoluciones judiciales, una práctica que podría haber afectado a cientos de personas y que pone en entredicho la transparencia de los procesos judiciales en los juzgados de paz del país.Cadso
