El ministro Eugenio Jiménez Rolón informó al pleno sobre los resultados de su comparecencia y la del ministro Alberto Martínez Simón ante la Comisión del Senado que investiga la mafia de los pagarés. Acompañado por el magistrado Giuseppe Fossati, el ministro explicó que la reunión respondió al mandato institucional de colaborar con el Congreso en el marco de la transparencia y el fortalecimiento del sistema judicial.
Informó a sus pares que la intención del Congreso es dar tratamiento preferencial a las dos propuestas legislativas de la Corte Suprema de Justicia, que buscan crear nuevos juzgados y también que pretenden la modificación de ciertos artículos del Código Procesal Civil.
Jiménez Rolón destacó que la Corte ha adoptado medidas concretas dentro del ámbito de su competencia para enfrentar los problemas derivados del uso de pagarés como instrumentos de presión y abuso judicial. “Se ha demostrado que las medidas asumidas por la Corte Suprema se enmarcan plenamente en sus atribuciones y han sido comprendidas por los senadores”, afirmó.
Uno de los logros de la reunión, según el ministro, fue el compromiso de los legisladores de dar tratamiento preferencial a los proyectos de ley presentados por la Corte en ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa. Entre ellos se incluyen la creación de nuevos juzgados sin afectación presupuestaria y la modificación puntual del Código Procesal Civil.
En particular, mencionó la sugerencia de la Comisión del Senado de ampliar la propuesta legislativa para incluir más turnos judiciales en la circunscripción de central, debido al creciente número de expedientes que satura los juzgados de paz. El ministro anunció su intención de elaborar una propuesta basada en datos estadísticos, con el fin de sustentar una ampliación del proyecto ante el Congreso.
El debate también abordó la necesidad de replicar esta iniciativa en otras regiones con alta carga judicial, como Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Capiatá. “Si la propuesta no implica gastos adicionales, no debería haber mayor resistencia”, sostuvo, y propuso una redistribución de jueces de paz con bajo nivel de litigiosidad hacia estas zonas críticas.
El ministro propuso que los juzgados que liberen a sus jueces para reforzar otras jurisdicciones sean completamente digitalizados. Esto permitiría a los jueces reasignados continuar atendiendo casos en forma remota, sin descuidar las funciones en sus lugares de origen. “Es fundamental que cada administración local nos proporcione datos para identificar los puntos críticos”, señaló.
Martínez Simón subrayó además que la digitalización y la reingeniería de recursos permitirán que el sistema judicial sea más equitativo y eficiente. “Se trata de una propuesta concreta que puede implementarse rápidamente y sin costos presupuestarios adicionales”, concluyó.
Por último, recordó que el Senado tratará estos proyectos no en la sesión plenaria inmediata, sino en la siguiente. En ese sentido, urgió a las circunscripciones judiciales a enviar datos actualizados que permitan definir qué juzgados crear y qué jueces podrían ser trasladados, asegurando así una cobertura judicial más eficiente y balanceada.
