El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) analizará este jueves el pedido de desafuero de la muy cuestionada fiscal Stella Mary Cano, quien se encuentra imputada por la presunta comisión del hecho punible de persecución de inocentes en el marco de la causa iniciada a partir de la denuncia del estilista Ciro Panniello.
La sesión prevé, en primer término, la elección de la nueva mesa directiva del órgano y, posteriormente, el estudio del expediente disciplinario.
La imputación fue presentada por la agente fiscal Sonia Sanguinés, quien sostiene que existen elementos de sospecha sobre actuaciones que, en el contexto de una investigación por estafa iniciada en el año 2018, podrían haber excedido el marco legal del ejercicio de la función de la agente fiscal. Entre los indicios mencionados figuran declaraciones testificales, informes y el análisis de decisiones adoptadas durante la tramitación de la causa principal.
Según el acta de imputación, el proceso se centra en la hipótesis de que determinadas medidas, entre ellas una orden de detención y diligencias posteriores, habrían configurado un accionar incompatible con los estándares de objetividad y legalidad exigidos al Ministerio Público. La investigación se encuentra en etapa preliminar, por lo que será en el curso del proceso donde se determine la eventual responsabilidad penal.
El pedido de desafuero busca habilitar el sometimiento pleno de Cano a la jurisdicción penal, conforme al procedimiento constitucional. En ese sentido, la Fiscalía había solicitado la remisión de antecedentes al órgano juzgador para que evalúe si corresponde el levantamiento de sus inmunidades.
La situación adquiere mayor relevancia institucional debido a los antecedentes disciplinarios de la agente fiscal. Cano ya recibió apercibimientos en causas de alto perfil, entre ellas el caso vinculado a la firma Mocipar y la investigación que involucró al exintendente de Asunción Mario Ferreiro, quien fue absuelto por un Tribunal luego de que la Fiscal Cano haya llevado el caso a juicio sin una sola prueba. Estos antecedentes son observados como un elemento que refuerza el escrutinio sobre su desempeño.
El caso vuelve a poner en discusión los controles sobre la actuación fiscal y la necesidad de garantizar que las investigaciones se desarrollen con estricto apego a la legalidad y a los derechos de las personas involucradas. La decisión que adopte el JEM podría marcar un nuevo precedente respecto al alcance de la responsabilidad disciplinaria y penal de los agentes del Ministerio Público.
