Se va cerrando el círculo en torno a la investigación por el hecho punible de prevaricaro imputado a la exjueza Tania Irún, quien según la posición del Ministerio Público transfirió tierras de la zona de seguridad fronteriza a favor de sociedades anónimas cuyas acciones son endosables, hecho contrario a la Ley de Seguridad Fronteriza.
Recordemos que la resolución de Irún fue en el año 2018 y en ese entonces según los representantes de la Asociación Espiritu Santo, la exjueza no contaba con un informe documentado de la condición en la cual se encontraban los estatutos de las cuatro empresas adjudicadas con más de 300 mil hectáreas en el Chaco Paraguayo.
Siguiendo con la cronología, recién en el año 2021 mediante requerimiento de la Fiscal Natalia Fuster se tuvo conocimiento de los estatutos y las acciones de Cusabo Limited y Kyveloria Limited provenientes de Chipre y en octubre del 2023, es decir, el mes pasado se remitieron los informes desde las Islas Vírgenes sobre las firmas Firtars y Elite Kingond otras dos adjudicadas por la exjueza Tania Irún, quien de manera inexplicable en su resolución solo atinó una suerte de «fundamentación» alegando que los dueños de las empresas no son de países limítrofes, situación no sustentada en ningún documento, alegan los denunciantes.
