Miguel Darío Sánchez Romero, a través de su abogado Andrés Casati, recusó a la fiscal Fátima Villasboa en la causa en la que está acusado por presunta violencia familiar contra su expareja, Jessica Paola Duarte Scappini, quien fue encontrada sin vida en su vivienda en Lambaré en octubre del año pasado. Teniendo en cuenta que la recusación fue presentada ayer, la audiencia preliminar prevista para mañana podría suspenderse.
La medida fue impulsada por lo que Casati calificó como una «pérdida manifiesta de objetividad», solicitando además una auditoría interna y la reasignación de la causa a otro fiscal.
Según el escrito presentado ante la Fiscalía Adjunta de San Pedro, la fiscal habría ignorado deliberadamente elementos de prueba de descargo que ubicarían a su defendido, Miguel Darío Sánchez Romero, en otro lugar al momento de los hechos investigados. Entre ellos, videos de circuito cerrado y fotografías que probarían su presencia en un cumpleaños, en contradicción con la hipótesis del Ministerio Público que lo sitúa en un bar a la hora de los hechos.
En declaraciones a la prensa, el abogado Casati relató además un episodio reciente que, a su criterio, confirma la falta de apertura y predisposición de la fiscal. Indicó que intentó reunirse con Villasboa para plantear una salida alternativa al proceso, lo que se encuentra previsto en la Ley, pero fue desairado tras más de una hora de espera, siendo finalmente notificado por un asistente de que no sería recibido.
«Eso no es solo una falta de respeto hacia mi persona, sino hacia la profesión. Los fiscales representan a la sociedad y tienen la obligación de escuchar tanto a ciudadanos como a profesionales de derecho», expresó el abogado. Casati argumentó que esta actitud configura una grave afectación al principio de objetividad que debe regir toda investigación penal. Afirmó que la fiscal no solo ignoró pruebas de descargo fundamentales, sino que ha asumido una postura procesal inflexible, con signos de parcialidad y sin disposición al diálogo.
En su escrito, el abogado solicitó a la Fiscalía General Adjunta que se inicie un sumario administrativo y auditoría a la Unidad Fiscal a cargo de Villasboa, advirtiendo que, de no procederse con la recusación, se reasigne de forma definitiva la causa a otro agente del Ministerio Público.
Finalmente, Casati insistió en la necesidad de evitar un juicio oral innecesario, considerando que el propio médico forense del Ministerio Público describió lesiones muy leves en la supuesta víctima, lo cual, según su visión, no justifica el desgaste procesal que implicaría un juicio que podría terminar en una absolución o una condena mínima.
