El abogado Álvaro Arias se pronunció sobre el sobreseimiento definitivo de su cliente, la directora del colegio SEK, en un caso que desató una serie de controversias en el ámbito educativo y judicial. Arias, que defendió a su cliente tras diversas imputaciones, compartió detalles a PDS Radio sobre el proceso que llevó a esta resolución.
La directora del SEK fue imputada inicialmente por violación del deber de cuidado y frustración de la persecución y ejecución penal. Arias recordó que, a raíz de la acusación, la Fiscalía ordenó su detención, así como la de otras dos educadoras. Sin embargo, la medida fue considerada irregular por el abogado. “La prisión preventiva fue impuesta sin fundamento, ya que nos encontrábamos ante hechos familiares y no había peligro de obstrucción ni de fuga”.
Tras un tiempo en prisión preventiva, que finalmente se convirtió en arresto domiciliario, el tribunal de apelaciones otorgó a la directora libertad ambulatoria, permitiéndole continuar el proceso en libertad. En la etapa preparatoria, el fiscal, al presentar su acusación, lo hizo sin contar con pruebas concretas. “La justicia se percató de que ni siquiera se habían desgrabado los videos de seguridad del colegio”, subrayó Arias, quien también mencionó cambios en la unidad asignada al caso.
El procedimiento culminó con un sobreseimiento provisional solicitado por el fiscal, el cual fue aceptado por la juez Isabel Bracho. Este sobreseimiento se mantuvo firme durante un año, periodo en el cual ninguna de las partes solicitó la reapertura del caso. Finalmente, la magistrada convirtió el sobreseimiento provisional en definitivo, cerrando así un capítulo difícil para la hermana del director.
Además. se planteó la posibilidad de acciones legales a seguir, dado que la directora y sus colegas habían estado bajo arresto domiciliario y, por consiguiente, enfrentaron un gran impacto emocional y social. “Esta causa cambió la vida de mi defendida y de su familia. Ha sido víctima de rumores, ataques en redes sociales e incluso dejó su trabajo”, manifestó Arias. En este contexto, dejó entrever que su cliente está considerando presentar una acción civil por daños y perjuicios.
El abogado también discutió sobre las direcciones que podría tomar una posible acción legal, afirmando que podría considerarse responsables a quienes impulsaron las denuncias, incluyendo potencialmente al Estado paraguayo y a ciertos funcionarios del Ministerio Público que, según él, actuaron de manera desmedida.
