El juez Rodrigo Estigarribia otorgó libertad ambulatoria a los imputados Ramona Ysabel Arce Ramírez, Juan José Lezcano del Puerto, Sergio Marcos Rodríguez Escobar y Herminio David Batte Martínez. Se establecieron ciertas medidas y una fianza de Gs. 200 millones para cada procesado. La causa guarda relación con supuestos pagos irregulares y pedidos de dinero para que la institución provea un permiso, la Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi), que permite la importación de productos.
Las imputaciones fueron formuladas por el Ministerio Público a través del fiscal Yeimy Adle, quien sostuvo que existen elementos suficientes que vinculan a los procesados con un esquema de corrupción en perjuicio del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). En el caso de Ramona Arce, la defensa presentó documentos que acreditan arraigo laboral, familiar y tributario, así como constancias médicas que justifican la necesidad de tratamiento. El juzgado dispuso que la imputada cumpla medidas menos gravosas, cumpliendo con ciertos requisitos como comparecencia periódica, prohibición de salida del país y caución juratoria.
Por su parte, Juan José Lezcano del Puerto, funcionario de SENAVE con 15 años de antigüedad, también obtuvo medidas alternativas. La defensa alegó que no existía peligro de fuga y ofreció garantías consistentes en inmuebles y fianzas personales, además de remarcar su condición de sostén familiar. En cuanto a Sergio Marcos Rodríguez Escobar, el juzgado igualmente resolvió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, autorizando además un viaje programado a Bariloche (Argentina), tras considerar que la salida estaba documentada y no representaba un riesgo procesal.
El magistrado recordó que, conforme al art. 19 de la Constitución Nacional y el art. 245 del Código Procesal Penal (CPP), la prisión preventiva constituye una medida de ultima ratio, que solo debe aplicarse cuando no sea posible neutralizar riesgos procesales mediante restricciones menos gravosas. Con estas resoluciones, los cuatro imputados continúan vinculados al proceso penal, bajo estrictas condiciones, mientras avanza la investigación del Ministerio Público sobre los hechos atribuidos.
