La juez de garantías Rosarito Montanía otorgó dos meses más a la fiscal Yeimy Adle para investigar al extitular de SENAVE Pastor Soria y otros imputados que habrían formado parte de un esquema de extorsión y coimas. El requerimiento conclusivo deberá presentarse el 04 de enero próximo. La imputación es por supuesto cohecho pasivo agravado, extorsión, asociación criminal y lavado de dinero.
La investigación se inició tras la imputación presentada el 04 de julio del 2025 por la fiscal Adle, en la que se mencionan como principales encausados a Pastor Soria Melo y Miguel Ángel Báez Soria, quienes, según la Fiscalía, habrían formado parte de una estructura organizada dedicada a solicitar sobornos, extorsionar y participar en maniobras de carácter ilícito para la obtención de beneficios económicos indebidos.
A ellos se suman Martín Luis María Lezcano Villalba, Herminio David Batte Martínez, Juan José Lezcano del Puerto, Sergio Marcos Rodríguez Escobar, Víctor Manuel Leiva Cardozo, Ramona Ysabel Arce Ramírez, Plinio Alcibíades Gamarra Morel y Eladio Figueredo.
Durante la audiencia preliminar la representante del Ministerio Público argumentó que el plazo inicial de cuatro meses otorgado para concluir la investigación resultó insuficiente debido a la cantidad de diligencias pendientes, muchas de ellas solicitadas por las defensas. Señaló que aún no se recibieron informes requeridos a entidades financieras e instituciones públicas, fundamentales para esclarecer el origen y destino de los recursos vinculados a los hechos investigados.
En atención al principio de objetividad, la fiscal Yeimi Adle manifestó la necesidad de agotar todas las medidas probatorias antes de formular acusación.
Las defensas de todos los imputados, presentes en la audiencia, no se opusieron al pedido de prórroga. Por el contrario, varias de ellas manifestaron que existen diligencias probatorias de descargo aún no realizadas, como declaraciones testificales e informes pendientes, por lo que consideraron pertinente la extensión del plazo para garantizar el derecho a la defensa y la búsqueda de la verdad procesal. El juzgado tomó en cuenta la conformidad de las partes y el hecho de que aún no se cumplió el plazo máximo de investigación previsto en el Código Procesal Penal.
En consecuencia, el magistrado resolvió hacer lugar a la solicitud del Ministerio Público y extendió el plazo de la etapa preparatoria hasta el 04 de enero del año 2026. Esa será la fecha límite para que la fiscal presente acusación formal u otro requerimiento correspondiente contra los diez procesados.
