El juez Rodrigo Estigarribia otorgó libertad ambulatoria a los imputados Eladio Figueredo y Plinio Alcibíades Gamarra Morel, imputados en la causa relacionada con supuestos pagos irregulares y pedidos de dinero para que la institución provea un permiso, la Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi), que permite la importación de productos.
Ambos están imputados por graves hechos punibles relacionados con el caso denominado “Pastor Emilio Soria Melo y otros s/ Cohecho Pasivo Agravado y Otros”. La resolución judicial se dictó tras la audiencia de imposición de medidas cautelares.
La agente fiscal Yeimy Adle había promovido imputación contra Figueredo y Gamarra, atribuyéndoles participación en delitos de cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, asociación criminal, extorsión y, en el caso de Gamarra, también lavado de dinero. Ante la solicitud de medidas cautelares, el juzgado ponderó los argumentos de la defensa y del Ministerio Público, optando por aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva, conforme a lo establecido en el art. 245 del Código Procesal Penal (CPP).
En la audiencia, la defensa de Eladio Figueredo sostuvo que no existía riesgo procesal que justifique una prisión preventiva, ya que el imputado cuenta con domicilio fijo, arraigo familiar y se presentó voluntariamente a la justicia. Como garantía, ofreció un inmueble en el distrito de Lambaré valuado en Gs. 200.000.000, sobre el cual el juzgado decretó embargo preventivo.
Por su parte, la defensa de Plinio Gamarra alegó que su cliente tiene suficiente arraigo en el país, respaldado con constancias policiales, certificados tributarios y contratos de explotación comercial. Asimismo, ofreció como caución real otro inmueble en Lambaré, con una tasación cercana a los Gs. 248.000.000, cuya documentación deberá ser completada en un plazo de 20 días hábiles.
El juzgado resolvió que tanto Figueredo como Gamarra deberán cumplir con obligaciones estrictas, como comparecer trimestralmente ante el juzgado, no ausentarse del país sin autorización judicial, notificar cualquier cambio de domicilio y mantenerse disponibles a los llamados del tribunal. En caso de incumplimiento, las medidas alternativas podrían ser revocadas y sustituirse por la prisión preventiva.
La causa, que investiga una presunta red de corrupción con ramificaciones en el sector público y privado, sigue bajo análisis del Ministerio Público. Con esta decisión, la justicia asegura la continuidad del proceso sin recurrir a la privación de libertad, pero manteniendo firmes restricciones y garantías económicas para asegurar la comparecencia de los imputados.
