La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la realización de una auditoría integral del expediente judicial contra los imputados por presuntamente formar un esquema para despojar a la familia Sopeña de una propiedad de unos USD 5 millones con resoluciones falsas. La propuesta fue hecha por el ministro Gustavo Santander, quien resaltó que, en el caso, los procesados presentaron más de 50 recusaciones para encontrar «al fiscal que se quiere».
En la causa, a pesar de las sendas irregularidades en cuanto a lo documental, la Fiscal Estefanía González solicitó el sobreseimiento definitivo de los 6 imputados por asociación criminal y otros hechos punibles. La audiencia preliminar está prevista para mañana, pero el fiscal interino Diego Zilvervarg anunció que solicitará a la jueza Jennifer Insfrán la suspensión, en razón de que por la complejidad del caso es mejor que participe la fiscal titular.
Sobre esto, el abogado Eduardo Bernal, quien representa a la familia Sopeña manifestó que la Fiscal Estefanía González pidió el sobreseimiento definitivo para todos los procesados y lo más grave del caso es que el expediente se encuentra en condiciones de afrontar un juicio oral y público teniendo en cuenta la cantidad de pruebas que existen en la carpeta fiscal. Refirió que estas pruebas se obtuvieron a los fiscales Sofía Galeano, Sandra Ledesma, Augusto Ledesma y Lidia Rodríguez, no gracias a la Fiscal González que, ahora, pretende sobreseer a todos los procesados dejando de lado la ardua labor de sus colegas.
“Acá estos imputados hicieron 52 recusaciones para lograr dar con la fiscal a su medida. Cada fiscal anterior hizo un pequeño aporte a la investigación ¿y qué se descubrió? Que transfirieron una finca de casi cinco hectáreas en Luque, con una orden judicial falsa, sin existir expediente judicial alguno” agregó el abogado.
Bernal explicó que utilizaron un papel para hacerlo pasar por orden judicial que fue enviado a los registros para la transferencia de la propiedad, la cual terminaron vendiendo por el valor de USD 1.500.000. Para ello, contaron la firma de la fallecida y entonces Juez Fátima Vera de López, la firma original de la actuaria Mouriel Vera; además recibieron la ayuda del abogado Fernando Canilla con una prestanombre identificada como Ema Turo, quien en ese entonces era funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ganaba menos del sueldo mínimo y contaba con siete demandas judiciales, sin embargo, figuraba como compradora de la propiedad perteneciente a los Sopeña.
