El Ministerio Público y la querella adhesiva que representa a la familia de la niña Thirza Portillo interpusieron recursos de apelación contra las penas impuestas a las tres personas condenadas por su fallecimiento, ocurrido durante un tratamiento odontológico. Ambas partes solicitaron la realización de un nuevo juicio oral y público, con el objetivo de que se evalúe la aplicación de sanciones más severas a los responsables.
En la sentencia recurrida, la odontóloga Sandra Obertino fue condenada a ocho años de pena privativa de libertad y el anestesista Adrián García a siete años, tras ser hallados culpables del hecho punible de homicidio doloso eventual. En tanto, el endodoncista Vicente Godoy recibió una condena de cuatro años y ocho meses de prisión, luego de que el tribunal lo considerara responsable de homicidio culposo.
Según los argumentos expuestos en las apelaciones, tanto la Fiscalía como la querella sostienen que las penas aplicadas no reflejan adecuadamente la gravedad de los hechos ni el resultado fatal que derivó en la muerte de una menor de edad. En ese sentido, consideran que existen elementos suficientes para que un nuevo tribunal analice nuevamente la responsabilidad penal y la proporcionalidad de las sanciones.
Durante el juicio oral, se discutieron las decisiones adoptadas antes y durante la intervención, además de los protocolos de seguridad y control clínico. El ministerio público está representado por la fiscal Mirtha Ávalos.
Con la presentación de los recursos, será un tribunal de alzada el que deberá analizar la validez de la sentencia dictada y determinar si corresponde confirmar las condenas o disponer la realización de un nuevo juicio oral, conforme a las garantías del debido proceso. Mientras tanto, la causa continúa su curso en el ámbito judicial, en medio del reclamo de justicia sostenido por los familiares de la víctima.
