La Corte Suprema de Justicia rechazó una apelación presentada por la defensa y destrabó la causa por supuesta lesión de confianza y asociación criminal contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Con el fallo, el juez Humberto Otazú podrá volver a citar a Prieto para la audiencia preliminar.
La causa está relacionada con el presunto negociado en la compra de kits de alimentos destinados a familias vulnerables durante la pandemia de la COVID-19.
El recurso había sido presentado por los abogados Gilda María Portillo Vera y Andrés Casati Caballero, contra la decisión del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, que rechazó la recusación planteada contra el juez Humberto Otazú, magistrado que interviene en la causa.
Los ministros de la Corte coincidieron en que la recusación de jueces de primera instancia debe ser resuelta en única instancia por los Tribunales de Apelación, sin posibilidad de revisión posterior por la Sala Penal. En ese sentido, el máximo tribunal sostuvo que admitir este tipo de recursos abriría la puerta a planteos dilatorios sin sustento legal.
La causa que involucra a Prieto se inició en el año 2020 bajo la carátula “lesión de confianza superior a 5.500 jornales”, prevista en la Ley 6379/2019. Según la investigación, existirían presuntas irregularidades en el manejo de fondos municipales, que podrían configurar un perjuicio patrimonial al Estado.
Con esta decisión, la Corte ratifica la validez del fallo de segunda instancia y mantiene vigente la competencia del juez Otazú para continuar con el proceso. El expediente sigue su curso y el exintendente de Ciudad del Este, junto a los demás acusados, deberá enfrentar la audiencia por la presunta administración irregular de recursos públicos.
