El juez Humberto Otazú resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra los exdirectivos de Vicentín Paraguay S.A., José Luis Gianneschi y Máximo Javier Padoan, acusados por una presunta estafa de aproximadamente USD 5 millones en perjuicio de Banco Continental.
La decisión fue adoptada tras la audiencia preliminar en la que el magistrado también rechazó los pedidos de sobreseimiento definitivo planteados por las defensas y una solicitud de exclusión probatoria. Además, de oficio, dispuso la prohibición de salida del país para ambos procesados.
La investigación del Ministerio Público sostiene que los entonces representantes de Vicentín Paraguay habrían ocultado información financiera relevante para acceder a créditos millonarios otorgados entre los años 2019 y 2020. Según la hipótesis fiscal, la firma obtuvo préstamos basándose en una situación patrimonial favorable vinculada a la posesión del 16,67 % de las acciones de la empresa Renova S.A., participación valuada en más de G. 319.000 millones.
De acuerdo con la acusación presentada por las fiscales Nathalia Silva y Laura Giacummo, en noviembre del año 2019 esas acciones habrían sido transferidas a Vicentin SAIC, sucursal Uruguay, sin que dicha operación fuera comunicada al banco, pese a que los contratos de crédito establecían la obligación de informar cualquier modificación sustancial del patrimonio empresarial dentro de un plazo de diez días hábiles.
La causa señala que, posteriormente, el 04 de septiembre del 2020, la firma celebró un nuevo contrato de préstamo por USD 5 millones con Banco Continental. El documento fue suscrito por José Luis Gianneschi en representación de Vicentín Paraguay, mientras que Máximo Javier Padoan también aparece mencionado en las gestiones crediticias previas realizadas ante la entidad financiera.
La Fiscalía sostiene que el banco desconocía que la empresa ya no contaba con las acciones de Renova y que tampoco había recibido contraprestación efectiva por la transferencia de esos activos. Para los investigadores, esa omisión habría sido determinante para concretar el otorgamiento del crédito.
El requerimiento conclusivo agrega que la firma no abonó el capital del préstamo de USD 5 millones y que únicamente realizó pagos parciales relacionados con intereses, situación que, según el Ministerio Público, refuerza la sospecha de que no existía voluntad real de cumplir con las obligaciones asumidas al momento de acceder al financiamiento.
Durante la audiencia preliminar, las defensas solicitaron el sobreseimiento definitivo de ambos acusados y promovieron incidentes de exclusión probatoria. También ofrecieron USD 50.000 en concepto de reparación del daño, distribuidos en USD 25.000 por cada procesado. Sin embargo, las fiscales se ratificaron en la acusación y pidieron que la causa sea remitida a juicio oral y público.
El abogado José Fernández Zacur, representante legal del banco denunciante, había destacado anteriormente el trabajo técnico realizado por la Fiscalía y la importancia de que la causa avance hacia una instancia de juzgamiento oral, luego de que el proceso atravesara anteriormente un sobreseimiento provisional.
Con la resolución dictada por el juez Otazú, el caso pasará ahora a un Tribunal de Sentencia, instancia en la que se debatirán las pruebas reunidas durante la investigación y se determinará si existe responsabilidad penal de los acusados por el presunto esquema de estafa financiera.
