La justicia argentina decretó la prisión preventiva de cuatro exdirectivos de la empresa Vicentín por delitos de estafa y asociación criminal. Sin embargo, en un hecho que evidencia las grietas en nuestro sistema judicial, la Fiscalía de Paraguay pidió el sobreseimiento provisional de José Luis Ganneschi y Máximo Javier Padoan, representantes de la firma Vicentín Paraguay S.A., a pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra.
La falta de rigor con que el caso es tratado en Paraguay genera indignación y pone en entredicho la eficacia del Ministerio Público en la persecución de delitos financieros. En marzo del año pasado, las fiscales Natalia Silva y Laura Giacummo imputaron a Ganneschi y Padoan por presunta estafa, tras una denuncia del Banco Continental. Sin embargo, la Fiscalía permitió que ambos procesados eludan cualquier medida de prisión preventiva o una acusación formal contundente, pidiendo el sobreseimiento provisional para ambos.
El caso se centra en la obtención fraudulenta de un préstamo de USD 5 millones en septiembre del año 2020, cuando Vicentín Paraguay S.A. ocultó al Banco Continental S.A.E.C.A. la venta de su paquete accionario en Renova S.A., operación que modificó sustancialmente su patrimonio sin generar una contraprestación efectiva. Como consecuencia de esta maniobra, la empresa quedó en mora, afectando gravemente a sus acreedores.
La normativa vigente obliga a las empresas a informar sobre cambios patrimoniales sustanciales en un plazo de diez días hábiles. Sin embargo, en este caso los directivos de Vicentín Paraguay S.A. incumplieron esta obligación, solicitando nuevos créditos en abril del 2020, cuando ya habían transferido sus acciones de Renova S.A. a Vicentín SAIC sucursal Uruguay.
Mientras en Argentina se sigue avanzando en la causa con medidas más drásticas, la decisión del juez Humberto Otazú, a pedido de la Fiscalía, refuerza la percepción de impunidad que rodea a ciertos sectores empresariales en Paraguay. La falta de sanción para los responsables no solo atenta contra la justicia, sino que también pone en riesgo la confianza en las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la transparencia económica. No es menos importante mencionar la lentitud con que este caso avanza en nuestro país.
Este caso evidencia una preocupante disparidad en la aplicación de la ley y deja en evidencia la debilidad del sistema judicial paraguayo frente a delitos financieros de gran envergadura. La sociedad exige explicaciones y medidas contundentes, pues la falta de acción en estos casos sienta un peligroso precedente de impunidad.
