La Justicia uruguaya dispuso la clausura y archivo definitivo de las actuaciones obrantes respecto a Francisco Nicolás Sarubbi, exintendente de Caazapá, quedando éste desvinculado de un presumario investigativo que data del año 2013 en nuestro país.
El juzgado encargado en nuestro país deberá dejar sin efecto el proceso de extradición al que estaba sujeto Sarubbi. La Juez del Juzgado Especializado de Crimen Organizado de Segundo Turno de la ciudad de Montevideo, María Helena Mainard, tomó dicha determinación al no encontrarse elementos probatorios que pudieran vincular a Francisco Sarubbi en supuestas actividades ilícitas ocurridas en territorio uruguayo.
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El abogado defensor de Sarubbi, Rubén Sterenstein, refirió que la falta de una imputación formal por parte del Ministerio Público es una clara señal de que nunca existieron pruebas o elementos de sospecha suficientes que ameriten la formulación de una imputación, lo que, según el abogado, demuestra que en Paraguay hubo una instrumentación de la justicia con la intención de sacar a Sarubbi del escenario político.
Sarubbi se desempeñó como Intendente de Caazapá durante los períodos 2001-2006 y 2006-2010, se entregó voluntariamente a las autoridades locales en abril de 2015 a los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos judiciales provenientes desde Uruguay y poder ejercer su derecho a la defensa. Luego de tres meses, el Juez Julián López dispuso su libertad debido a que la justicia uruguaya no había completado los requisitos necesarios para la extradición, debido a la falta de argumentos suficientes para continuar con la investigación.
Sin embargo, a pesar de dicha situación, el Ministerio Público de nuestro país apeló dicha decisión y el estudio del caso quedó en el Tribunal de Apelaciones. Fue así que, en fecha 16 de diciembre del año 2021 (seis años después de que le hayan otorgado la libertad) la Cámara de Apelaciones revocó la resolución de Julián López y ordenó la prosecución de los trámites para la eventual extradición al Uruguay.
“En tal estado de situación, y tras cumplirse los plazos procesales establecidos en las leyes uruguayas, en fecha 30 de julio de 2023 tiene lugar la prescripción de la acción, por lo que la jueza Mainard García dispuso finalmente la clausura definitiva del proceso” señaló el abogado.
Por otra parte, y en relación al otro ciudadano paraguayo investigado en la misma causa, el profesional apuntó que la situación procesal del mismo es diferente, por lo que el expediente judicial sigue abierta en Uruguay.
