La Sala Penal declaró la competencia de la juez de Crimen Organizado Rosarito Montanía para tramitar la causa derivada de la imputación contra Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes, el abogado Óscar Tuma y la funcionaria de Registros Públicos, Alcira Rodríguez.
El caso guarda relación con la supuesta transferencia irregular de bienes que estaban con medidas de carácter real en el marco del proceso derivado del operativo Pavo Real II. Rodríguez está imputada por Alteración de Datos, Acceso indebido a sistemas informáticos y Alteración de datos relevantes para la prueba. Alexandre Rodrigues Gomes y Tuma están imputados por lavado de activos.
El conflicto de competencia surgió entre el Juzgado Penal de Garantías N° 8 a cargo del juez José Agustín Delmas Aguiar y el Juzgado Especializado en Crimen Organizado, dirigido por la magistrada Rosarito Montanía, quienes se declararon simultáneamente incompetentes para conocer la causa.
Ante esta situación, la Corte Suprema intervino para dirimir el problema de competencia. La ministra Carolina Llanes sostuvo que, conforme a la Ley Nº 6379/19 y las acordadas reglamentarias, corresponde al fuero especializado entender en procesos donde se investigan hechos vinculados a delitos de crimen organizado, especialmente cuando existe conexidad con otras causas similares.
El ministro Luis María Benítez Riera se adhirió al criterio de Llanes, destacando que la imputación contra Alexandre Rodrigues Gomes por lavado de activos se vincula directamente con un proceso previo sobre narcotráfico y crimen organizado, lo que justifica la intervención del juzgado especializado. Por su parte, el ministro Manuel Ramírez Candia también respaldó esta postura.
De esta manera, la máxima instancia judicial resolvió asignar el conocimiento de la causa al Juzgado Especializado en Crimen Organizado a cargo de la juez Rosarito Montanía.
