La agente fiscal Ruth Karina Benítez, titular de la Unidad Penal N.º 8 y de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos N.º 1 del Ministerio Público, recusó al juez de garantías Carlos Vera Ruiz, tras denunciar ser víctima de un trato denigrante y de irregularidades procesales durante una pericia judicial clave en la causa.
Se trata de la causa caratulada como «Ministerio Público contra Alcides Almirón sobre supuesto hecho punible de manipulación de graficaciones técnicas y otros».
La recusación se produjo tras una diligencia de anticipo jurisdiccional de prueba dispuesta por A.I. N.º 471 del 04 de abril del año 2025, que ordenaba la realización de una pericia de revenido químico sobre un camión incautado. Según el fiscal Benítez, la diligencia comenzó sin la debida notificación ni la presencia del imputado, contrariando los principios procesales de bilateralidad y contradicción.
La situación se agravó cuando la agente del Ministerio Público solicitó que se respetara el alcance de la pericia previamente autorizada, limitada al área convencional del chasis. Sin embargo, el juez Vera Ruiz, ignorando la petición fiscal y pedido de la defensa representada por la abogada Julia Ferreira, habría autorizado al perito de la defensa a extender el revenido a otras áreas no estipuladas, incluso sin la presencia del imputado.
El clima se tornó aún más hostil con la intervención del hermano del imputado, Roberto Almirón, quien también está siendo investigado por perturbación de la paz pública y posee antecedentes por extorsión y quien entregó al juez un expediente no conocido por el Ministerio Público. Sin verificar su contenido, el juez recriminó duramente a la fiscal, levantando el documento y exclamando: “¿Cómo el Ministerio Público no va a investigar algo tan grave como esto?”, actitud que fue calificada como un acto de preopinión y falta de imparcialidad.
Según Benítez, el documento en cuestión no figura en el cuaderno de investigación fiscal y ni siquiera fue presentado formalmente por la defensa como nuevo elemento de prueba. La fiscal también denunció haber sido objeto de gritos, amenazas y violencia verbal por parte del magistrado, hechos que, según sus afirmaciones, quedaron registrados en actas y grabaciones del momento.
Ante este contexto, Benítez solicitó que el juez que se allane a la recusación y se declare inhibido, pidiendo además que se sortee un nuevo juez de garantías para continuar con la causa. En el escrito, también dejó expresa constancia de una “reserva de acciones” contra el magistrado por su presunta conducta violenta e intimidatoria, invocando incluso la Ley N.º 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia.
La recusación se da en el marco de una causa de alto perfil que investiga posibles adulteraciones técnicas en camiones incautados y cuyo desarrollo ahora se encuentra temporalmente paralizado a la espera de la resolución sobre la continuidad del juez recusado. De acuerdo al art. 345 del Código Procesal Penal, el magistrado debe responder en un plazo de 24 horas, tras lo cual se resolverá si se lo aparta o no de la causa.
