El ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro del JEM, César Garay, se refirió a la actuación de los camaristas en el caso que involucra al senador Hernán Rivas, señalando la necesidad de analizar tanto el trámite del expediente como el contenido jurídico del fallo que generó cuestionamientos públicos.
Durante sus declaraciones ante el pleno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Garay destacó que en los últimos días se ha registrado una fuerte reacción en los medios de comunicación y en la opinión pública respecto al caso, lo que, según indicó, refleja un interés ciudadano en el esclarecimiento de eventuales responsabilidades conforme a la ley.
El ministro planteó que el análisis debe abordarse en dos dimensiones. Por un lado, mencionó la necesidad de examinar la invocación de la prescripción en la causa, lo que implica revisar la actuación de quienes tuvieron a su cargo el expediente y determinar si existió inactividad procesal.
Por otro lado, señaló que corresponde evaluar el contenido del fallo dictado por el tribunal de alzada, el cual fue adoptado por mayoría y no por unanimidad, con la disidencia de uno de los magistrados. En este sentido, indicó que debe analizarse si dicha resolución se ajusta al ordenamiento jurídico vigente.
Garay subrayó que el debate no debe centrarse únicamente en el resultado de la decisión judicial, sino también en su fundamentación y en su adecuación a las normas del sistema jurídico. Asimismo, consideró que el nivel de atención pública que ha generado el caso responde a la relevancia institucional de los hechos en discusión.
En ese contexto, el ministro mencionó que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados podría eventualmente intervenir, en el marco de sus atribuciones, para analizar la actuación de los magistrados involucrados, sin perjuicio del respeto a las garantías constitucionales.
Finalmente, Garay indicó que el tratamiento del caso debe ajustarse a los procedimientos previstos por la ley, de modo a permitir un análisis jurídico integral de lo ocurrido y asegurar el debido proceso en la determinación de responsabilidades.
