Cese de cooperación entre SENAD y DEA es un «contrasentido» según Camarista

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Juez Gustavo Amarilla

El Camarista Especializado en Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, declaró que es un “contrasentido” que no se pueda mantener el trabajo mancomunado entre la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.

Amarilla, en su vasta trayectoria como agente fiscal y Juez de Garantías, valoró positivamente el trabajo de la DEA en la lucha contra el narcotráfico en el Paraguay, calificándolo de “muy fructífero”. Refirió que dicha entidad capacitó a muchos agentes especiales y analistas de escuchas, que permitieron y permiten que se pueda descifrar el amplio mundo de las intercepciones de comunicaciones.

Agregó que el fruto de ello se da en el éxito que se tuvo en grandes operaciones contra el narcotráfico en los últimos 10 años. “Yo soy testigo de lo que la DEA significó en su trabajo de inteligencia y operacional para la SENAD y realmente es demasiado significativa la labor dentro del Paraguay” dijo el magistrado.

El cese de cooperación entre la SENAD y la DEA se dio en un contexto de revisión de acuerdos bilaterales por parte de las autoridades de nuestro país. Según informes recientes, la Cámara de Diputados solicitó detalles sobre los convenios entre ambas entidades, buscando mayor claridad sobre su alcance y efectividad en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El gobierno desde la gestión de Jalil Rachid al frente de la SENAD manifiesta que, aunque la cooperación internacional es clave para enfrentar el narcotráfico, las decisiones estratégicas deben ser lideradas por las instituciones nacionales.

Esta situación ha generado preocupación entre sectores políticos y sociales, ya que Paraguay es un punto estratégico en el combate al narcotráfico en Sudamérica y cualquier debilitamiento en las alianzas internacionales podría afectar la eficacia de esta lucha. Además, existe un debate sobre si esta ruptura beneficia a actores involucrados en el narcotráfico, como el cuestionado empresario uruguayo Sebastián Marset, quien ha sido señalado por presuntos vínculos con operaciones ilegales en la región y que, además, actualmente es vinculado también con representantes políticos del parlamento.

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