La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) declara responsable al Estado Paraguayo de la violación del juez imparcial, de la protección judicial, el derecho a la permanencia en el cargo en condiciones de igualdad, del derecho a la estabilidad laboral de la que fue víctima el exfiscal Alejandro Nissen.
Con esta resolución de la CIDH, el Estado deberá dar cumplimiento y deberá pagar una indemnización al ahora abogado Nissen.
En abril del 2021, el afectado había declarado que en febrero de ese año, recibió una notificación de la citada comisión de la conclusión en que llegaron sus miembros con respecto a la denuncia que había presentado en el año 2004, al ser destituido del Ministerio Público, tras imputarle al propio presidente de la República de aquel entonces Luis Ángel González Macchi, al miembro del JEM, Óscar González Daher, por tenencia de vehículos robados.
“Mi denuncia fue admitida en el 2014, y la comisión hace un trabajo fiscal y luego de estos años se concluyó que existe una corrupción en la administración de justicia de parte del Estado Paraguayo contra Alejandro Nissen”, dijo el abogado.
Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos existe la responsabilidad internacional del Estado Paraguayo por la violación de garantías judiciales hacía el denunciante por parte del JEM, que lo removió como fiscal.
“En un primer término la Comisión pidió al Estado Paraguayo una solución amistosa, sin embargo, Paraguay desoyó el pedido, por lo que finalmente en diciembre del año pasado (2020) se cierra la investigación y concluye la responsabilidad de nuestro país, por la violación de los derechos a las garantías judiciales, por violar los principios de legalidad, de vulnerar la libertad de expresión, por violar las garantías de la protección judicial”, dijo Nissen.
El Estado fue condenado a pagar 308 mil dólares al ex fiscal Alejandro Nissen, distribuidos en 15 mil dólares por daño inmaterial, 243 mil dólares por daño material, 15 mil dólares por costas y gastos; 5 mil dólares por reintegro de gastos al fondo de Asistencia Legal de víctimas y 30 mil dólares en concepto de indemnización.
