Ciudadano ganó caso por homonimia y el Estado le pagó más de mil millones

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Defensora Pública Mariana Vázquez

El ciudadano Julio César Díaz ganó una demanda contra el Estado paraguayo tras ser afectado por un caso de homonimia. Luego de dos años de proceso, el mismo fue adjudicado con Gs. 1.282.600.000 gracias a la asistencia de la Defensora Pública Mariana Vázquez.

Según los antecedentes del caso, el joven se acababa de recibir de la carrera de enfermería, por lo que decidió solicitar sus antecedentes judiciales para poder obtener su ascenso correspondiente, debido a que se encontraba prestando servicios en el Hospital de Clínicas. Fue entonces que Díaz descubrió que contaba con un frondoso historial de antecedentes como posesión, comercialización de estupefacientes, homicidio doloso e invasión de inmueble.

Aparentemente, durante un mal procedimiento y falta de investigación por parte de efectivos policiales, aprehendieron a un hombre que no contaba con su documento de identidad, pero alegó llamarse “Julio Díaz”, también dio su fecha de nacimiento y quiénes son sus progenitores, sin embargo, estos datos no coinciden con los de Julio César Díaz, el afectado en cuestión.

“Lógicamente presenté el hábeas data, se hizo lugar borrando sus antecedentes penales y rectificando su nombre porque, obviamente, su intimidad y su dignidad se vieron afectadas” mencionó la Defensora.

Julio Díaz, al percatarse del problema en el que lo habían metido de manera injusta, acudió primeramente a un abogado privado para que lo ayudara a solucionar su problema, sin embargo, al tener un sueldo que estaba por debajo del mínimo, no pudo costear los gastos del abogado, por lo que decidió acudir a la Defensoría Pública en busca de asesoramiento y quedó bajo la representación de la defensora Mariana Vázquez, quien le propuso plantear la garantía constitucional del habeas data ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, con la finalidad de actualizar los datos de sus antecedentes y posteriormente solicitar la rectificación o la destrucción de aquellos, en caso de que fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos.

En fecha 29 de junio del año 2021, presentaron una demanda en contra del Estado paraguayo, octavo juzgado de turno capital civil y comercial por daños y perjuicios, solicitando una indemnización ya que fue aprehendido y privado de su libertad con arresto domiciliario y esto le produjo daños severos en su economía ya que no podía trabajar en ninguna institución debido a sus antecedentes.

Finalmente, en el año 2023 el juzgado resolvió hacer lugar a la demanda promovida contra el Estado, de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual y, en consecuencia, condenó al Paraguay a pagar la suma de Gs. 236.000.000 más los intereses a partir de la fecha del inicio de la demanda hasta el cumplimiento efectivo de la sentencia, totalizando la suma de Gs. 1.282.600.000.

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