El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensor de exintegrantes de la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos del Paraguay, calificó como una “decisión devastadora” la desestimación de la denuncia por lesión de confianza presentada contra los actuales administradores de la institución, en el marco de un litigio con la Corte Suprema de Justicia por una millonaria deuda.
En declaraciones a PDS Radio, Duarte Cacavelos explicó que la denuncia apuntaba al reconocimiento irregular de una deuda de unos Gs. 40.000 millones, reclamada por la Corte por la emisión de hojas de seguridad y sellos notariales utilizados durante casi dos décadas. “La Corte demandó al Colegio ante sí misma, algo insólito, por el cobro de formularios que nunca estuvieron previstos en su presupuesto”, afirmó.
El abogado sostuvo que la anterior directiva mantenía negociaciones con el Poder Judicial y sostenía que el dinero en cuestión no correspondía legalmente a la Corte. Sin embargo, al asumir una nueva administración encabezada por Juan Claudio Gaona, esta se allanó a la demanda y reconoció incluso montos prescriptos, lo cual motivó la denuncia penal de parte de sus antecesores.
“El allanamiento fue total, incluso por años que legalmente ya no podían ser reclamados. Por eso planteamos que se trataba de una lesión de confianza, porque se comprometieron recursos del Colegio sin sustento legal ni contable”, enfatizó Duarte Cacavelos.
Sin embargo, el juez Rodrigo Estigarribia, a pedido del fiscal Silvio Corveta, desestimó la denuncia, lo que, según el abogado, “prácticamente significó la quiebra del Colegio de Escribanos”, que quedó sin patrimonio y con una deuda millonaria. “Incluso se perdió el local institucional. Años de trabajo y control del registro notarial nacional se fueron al tacho”, lamentó.
Duarte Cacavelos también reveló que existen denuncias cruzadas dentro del propio gremio. “Los actuales directivos también denunciaron a sus antecesores por no haber pagado a la Corte. Pero si esta es una cuestión civil y administrativa, no puede haber causa penal para ninguna de las partes”, sostuvo.
Pese a la desestimación, el abogado indicó que los denunciantes no apelarán la decisión. “Ya no. Cerramos el capítulo. Que los responsables se hagan cargo. Los socios representados por Miller están resignados, esperando justicia institucional”, concluyó.
