El Colegio de Escribanos del Paraguay acusó al contralor general Camilo Benítez de extralimitarse en sus funciones al solicitarle informe de todo el dinero recaudado por la venta de materiales notariales, que le había cedido la Corte.
El documento firmado por el titular del gremio, Roberto Escobar, refiere que el Colegio que preside es una persona jurídica de derecho privado que está fuera de la competencia del órgano contralor, en donde aseguran tener atribuciones considerando que se trata de dinero público (Poder Judicial) y se podría pedir orden de juez para incautar los papeles.
El Contralor General de la República, había solicitado a la Corte Suprema de Justicia y al Colegio de Escribanos un informe pormenorizado de datos de la recaudación en concepto de ventas de materiales de uso notarial, tras la problemática iniciada por una supuesta deuda que tiene el mencionado gremio con la máxima instancia judicial. El alto tribunal exige el pago de G. 14 mil millones que el gremio debió haber transferido durante varios años.
