La reciente detención en Bolivia y posterior extradición a Estados Unidos del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset volvió a poner en foco las investigaciones sobre su presunta participación en redes de tráfico internacional de drogas que habrían operado en varios países de la región, incluido Paraguay.
Las autoridades sostienen que el investigado lideró una estructura criminal que, entre los años 2020 y 2021, habría articulado operaciones de narcotráfico y lavado de activos mediante una alianza con otros grupos delictivos.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la organización que operó en Paraguay estaba integrada por al menos tres facciones. Una de ellas habría sido dirigida por Marset; otra por el imputado Miguel Ángel Insfrán alias «Tío Rico»; mientras que un tercer grupo, de origen boliviano, se habría encargado de proveer cargamentos de clorhidrato de cocaína que luego eran introducidos al territorio paraguayo para su posterior traslado hacia otros mercados.
Las investigaciones señalan que el ingreso formal de Marset a Paraguay se produjo el 08 de abril del 2018 a través del Puente Internacional de la Amistad, utilizando un documento uruguayo. Ese ingreso se dio luego de que el ciudadano uruguayo cumpliera una condena en su país por delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes, lo que, según la acusación, marcó el inicio de su presunto relacionamiento con integrantes de la estructura criminal que operaba en territorio paraguayo.
Entre las personas mencionadas en las investigaciones figura también el empresario Alberto Koube Ayala, condenado recientemente a seis años de cárcel, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos participantes en la inserción de activos provenientes de las actividades ilícitas dentro del sistema financiero y económico del país. Según los antecedentes, la organización habría canalizado las ganancias mediante la compra de bienes muebles, inmuebles y ganado, así como a través de operaciones financieras.
Las autoridades sostienen que, para establecerse en Paraguay, Marset habría construido una imagen pública de empresario vinculado al mundo del espectáculo. En ese contexto se menciona la creación de la empresa audiovisual “Mastian Producción”, constituida en 2019, que habría sido utilizada, según la hipótesis fiscal, para proyectar una actividad empresarial lícita y justificar movimientos económicos y viajes al extranjero.
El esquema criminal descrito en la investigación contemplaba la introducción de cargamentos de cocaína provenientes de Bolivia mediante vuelos clandestinos que aterrizaban en zonas remotas del Chaco paraguayo. Uno de los puntos mencionados en la causa es la Reserva Natural Cabrera y Timane, ubicada en el departamento de Alto Paraguay, donde se habría instalado una pista de aterrizaje clandestina dentro de un área silvestre protegida.
De acuerdo con los investigadores, las aeronaves descargaban la droga en ese sector para que posteriormente fuera trasladada a otros puntos de acopio dentro del país. Desde allí, la sustancia ilícita era preparada para su envío hacia mercados internacionales, principalmente en África y Europa, donde el precio por kilogramo podía multiplicarse significativamente.
La coordinación de las operaciones se habría realizado mediante aplicaciones de mensajería encriptada, como SKY ECC, LINE y SIGNAL, herramientas utilizadas por los integrantes de la red para evitar la detección de sus comunicaciones. Según la investigación, los miembros de la organización empleaban alias y códigos específicos para referirse tanto a las personas involucradas como a los cargamentos de droga.
Entre los alias atribuidos a Marset figuran denominaciones como “Omelet”, “Dor” y “Favo”, mientras que a Insfrán se le atribuyen identificadores como “Macron”, “Rally” o “Skoda”. Las autoridades sostienen que estos códigos eran utilizados dentro de las plataformas de comunicación para coordinar envíos, pagos y movimientos logísticos vinculados al tráfico de drogas.
La cocaína transportada por la red también era identificada mediante marcas o nombres clave, entre los que se mencionan denominaciones como “Rolex”, “Bugatti”, “Fendi”, “Mont Blanc” o “Maradona”. Estas marcas, según la investigación, permitían identificar los cargamentos dentro de la cadena logística del grupo criminal.
En cuanto a las ganancias, los investigadores estiman que cada kilogramo de cocaína podía comercializarse entre 12.000 y 14.000 dólares en ciertas rutas, mientras que en el mercado europeo el precio podía alcanzar entre 20.000 y 25.000 dólares. En base a los volúmenes de droga atribuidos a la organización, las autoridades calculan que las ganancias potenciales pudieron haber alcanzado cientos de millones de dólares.
La Fiscalía sostiene que el dinero obtenido por estas operaciones era posteriormente distribuido entre los integrantes de la estructura mediante sistemas financieros informales y mecanismos como tokens o transferencias cambiarias. Parte de esos recursos, según la hipótesis investigativa, era reintegrada al sistema económico a través de inversiones y adquisiciones de bienes.
El caso forma parte de una de las investigaciones más complejas sobre crimen organizado en la región, debido a la presunta conexión entre redes criminales de distintos países y al volumen de droga y dinero que habría sido movilizado en las operaciones atribuidas al grupo.
