La justicia debe dar a cada uno lo suyo y más en los sucesos deleznables donde se ven involucrados inocentes criaturas, que son engañadas y sometidas a vejámenes indescriptibles, cometidos por criminales o sicópatas que no pueden convivir libres en la sociedad.
El Ministerio Público encabezado por la propia Sandra Quiñónez, fiscal General del Estado, debe poner todo su empeño en colectar las pruebas necesarias a fin de poder llegar a la verdad real de los hechos y requerir que todo el peso de la ley caiga sobre los autores, cómplices y encubridores del hecho punible en el cual fuera agredido un niño inocente, lleno de sueños y con la vida entera por delante.
Los señores jueces del Poder Judicial deben aplicar la ley con la fuerza que su investidura les otorga, desligados de todo poder fáctico, político o económico a fin de reencausar la convivencia alegre y sana de la comunidad educativa afectada por el actuar criminal de crueles bestias cuya decadencia hace dudar de sus condiciones de seres humanos.
