El Juez Humberto Otazú otorgó medidas alternativas al exdirector de Administración de Finanzas de la Municipalidad de Lambaré, Roberto Ever Paredes Ojeda, imputado junto con el exintendente Armando Gómez por un supuesto desvío millonario de Gs. 7.315.878.567 a través de fondos descontados a funcionarios de la Municipalidad que debían ir a la Caja de Jubilaciones.
En la audiencia, la defensa técnica de Paredes Ojeda, representada por los abogados José Antonio Valenzuela y Celso Castillo, sostuvo que las diligencias investigativas principales ya se habían realizado, incluyendo declaraciones testificales y auditorías relacionadas con el caso. Según la defensa, no existían indicios de que el imputado pudiera obstruir la investigación o influir en los testigos, desvirtuando así las razones expuestas en la resolución inicial que había impuesto el arresto domiciliario.
Además, la defensa ofreció como garantía real un inmueble valorado en 3.500 millones de guaraníes, registrado a nombre de Patrona Salvioni, para respaldar el compromiso de cumplimiento de las nuevas medidas. Asimismo, citaron jurisprudencia relevante que subraya la necesidad de especificar actos concretos que justifiquen medidas restrictivas de libertad.
El Juzgado, tras analizar los argumentos de ambas partes y considerando el allanamiento del Ministerio Público, resolvió otorgar la libertad ambulatoria al imputado e imponer medidas como residir en el domicilio señalado en el expediente, sin cambiarlo sin autorización judicial; la prohibición de cambiar el número de celular registrado en el Juzgado, obligación de presentarse a todas las citaciones judiciales. También la prohibición de salir del país, presentarse del 1 al 10 de cada mes ante el Juzgado de Delitos Económicos para firmar el libro de comparecencia y el embargo preventivo del inmueble ofrecido como garantía, identificado como Finca N.º 41.974, tasado en Gs. 3.500 millones.
El tribunal advirtió que cualquier incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en la revocación de las medidas alternativas y el restablecimiento de medidas más restrictivas. Esta situación subraya la importancia del principio de proporcionalidad en la aplicación de medidas cautelares, garantizando el equilibrio entre la protección de la investigación y los derechos fundamentales del imputado. Con esta decisión, el Juzgado reafirma la necesidad de justificar adecuadamente cualquier restricción a la libertad durante el proceso penal.
