El concejal departamental de Central, Roque Ávalos, uno de los denunciantes por el presunto perjuicio patrimonial a la gobernación por más de G. 18 mil millones de guaraníes, fue categórico al decir que la Contraloría General de la República le da al gobernador licencia para robar, ya que no comunica al Ministerio Público de las presuntas irregularidades que se registran en la institución gubernamental.
“Este mismo informe ya culminó en diciembre del 2020 y recién el febrero de este año se envió a la Gobernación para su descargo, pero luego fue archivado y no se comunicó al Ministerio Público y recién cuando nosotros tuvimos conocimiento del informe presentamos el documento a la Fiscalía General del Estado, ahora ya la fiscalía no podrá decir que no tiene nada”, dijo Ávalos.
El concejal dijo que el informe cuenta con cinco observaciones y el monto mayor supera los G. 18 mil millones.
“La Contraloría debió de hacer un reporte y enviar a la fiscalía sobre un posible hecho punible, sin embargo, lo archivó y eso es complicidad”, dijo el concejal.
Dijo que son parte de las transferencias que se envían a Organizaciones No Gubernamentales y que ya se tenía la sospecha de que había malos manejos, por lo que se pidió una auditoria.
