Un tribunal de sentencia condenó a 13 años de prisión al senador Érico Galeano al considerarlo responsable de colaborar y beneficiarse con la estructura delictiva vinculada al narcotráfico que, según la acusación, estuvo liderada por los procesados Sebastián Marset y Miguel Insfrán alias “Tío Rico”, en el marco de la causa «A Ultranza Py».
La sentencia fue emitida tras un juicio oral que duró siete meses, en el que el órgano jurisdiccional evaluó las pruebas aportadas por el Ministerio Público y las defensas. El tribunal concluyó que existieron suficientes elementos para acreditar la participación del senador en actividades delictivas relacionadas con la organización investigada.
Pese a la condena, el parlamentario no fue detenido de manera inmediata, ya que el tribunal decidió mantener las medidas cautelares previas y permitir que continúe con libertad ambulatoria mientras se resuelven los recursos legales disponibles. Esto implica que no ingresará por el momento a un centro penitenciario, aunque la sentencia es firme dentro del proceso de primera instancia.
Galeano, quien se desempeña como legislador nacional, afrontó la acusación en el marco de un proceso penal por asociación criminal y colaboración con una red dedicada al tráfico de drogas, delitos cuya investigación fue desplegada por la Fiscalía con apoyo de organismos de seguridad. Durante la etapa probatoria, la Fiscalía aportó distintas evidencias que, según su criterio, vinculaban al condenado con los líderes de la organización. La defensa, por su parte, rechazó las imputaciones y sostuvo la falta de pruebas suficientes para establecer responsabilidad penal.
El fallo del tribunal incluye el análisis de testimonios, documentación y otros medios de prueba que, a juicio de los magistrados, permitieron establecer la participación de Galeano en el esquema criminal. En su resolución, los jueces consideraron que la conducta del imputado generó un perjuicio al orden público y vulneró normas penales específicas vinculadas al narcotráfico y la asociación criminal.
La permanencia de la libertad ambulatoria del condenado se basa en una valoración de riesgo procesal realizada por el tribunal, que consideró, entre otros aspectos, la posibilidad de apelación y el respeto a garantías constitucionales y procesales. En este sentido, la defensa podrá apelar el fallo ante una instancia superior, lo que mantiene la vigencia de los recursos hasta tanto exista pronunciamiento definitivo.
El caso había captado atención mediática y política debido a la investidura del imputado como senador y a la gravedad de las imputaciones. Diferentes sectores sociales y políticos siguieron con interés el desarrollo del juicio y la difusión de la sentencia. El Poder Judicial continúa notificando a las partes intervinientes y se espera que en los próximos días se oficialicen las motivaciones completas de la sentencia para conocimiento público y análisis de los fundamentos en que se basa la condena.
