El Tribunal de Sentencia presidido por la juez Yolanda Portillo e integrado por los jueces Juan Carlos Zárate y Héctor Capurro condenó este lunes a 19 años de cárcel a Ydolvina González de Bogarín por el homicidio doloso de Ada Estela Gaona Vda. de Aguilera, crimen ocurrido en abril del año 2022 en el barrio Tacumbú de la capital.
González de Bogarín trabajó como empleada doméstica en la casa de la víctima durante los fines de semana. Según los elementos probatorios presentados en juicio, mató a la mujer por asfixia mecánica tras maniatarla, además de propinarle golpes. La víctima fue encontrada sin vida, fuertemente atada y amordazada. En una aparente maniobra para desviar la investigación, la acusada también se presentó atada, pero de forma burda y poco convincente, lo que desde un principio generó sospechas entre los investigadores.
La acusación fue sostenida por el Fiscal Hernán Mendoza. Durante el juicio, se dio lectura a diversos testimonios, entre ellos el de la señora Emigdia Cárdenas de Bareiro, quien al llegar al lugar de los hechos encontró la escena del crimen y, junto a una vecina, ayudó a desatar tanto a la víctima como a la acusada. “La víctima estaba fuertemente atada, presentaba golpes en la cabeza y ya no tenía signos vitales, mientras que la acusada estaba débilmente maniatada en las muñecas y en una posición poco creíble”, explicó la Fiscalía.
Otro testimonio clave fue el de Gustavo Aguilera, hijo de la víctima, quien destacó el alto nivel de seguridad de la vivienda, con muros altos, portones cerrados con llave y sin signos de ingreso forzado, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen fue cometido desde adentro, por alguien de confianza. Aguilera también indicó que su madre guardaba dinero en dos sitios muy específicos y de difícil acceso dentro de la vivienda, lo que generó sospechas de un posible móvil económico.
El caso, que generó conmoción en el barrio Tacumbú por la relación de cercanía entre víctima y victimaria, fue calificado como homicidio doloso. Durante la etapa preliminar, la juez Diana Carvallo ya había considerado que la conducta de González de Bogarín se encuadraba plenamente dentro de esta figura penal, considerando su autoridad directa en el hecho.
El Ministerio Público y la querella adhesiva solicitaron la pena máxima prevista por la gravedad del crimen y la relación de confianza rota, pero finalmente el Tribunal dictó una pena de 19 años de prisión, que la condenada deberá cumplir en un centro penitenciario del país.
