El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Alicia Orrego e integrado por los magistrados Lilian Flores y Blas Imas, en mayoría de los dos primeros magistrados citados resolvió condenar a dos años con suspensión a prueba de la ejecución de la condena al exintendente de Lambaré en la causa que el mismo afronta por lesión de confianza, en tanto que para que el juez Imas no se probó el hecho y votó por la absolución del mismo. La Fiscalía había solicitado 8 años de cárcel para Cárdenas.
Fiscal Luis Said, indicó que desde el inicio de la investigación han sostenido la existencia del hecho punible de lesión de confianza y que la conducta del acusado incluso debía ser considerado del tipo agravado. Señaló y que están conformes con el trabajo realizado en cuanto a los medios probatorios que según su criterio fueron suficientes y pertinentes para sostener la acusación.
Mencionó que esperarán leer íntegramente la sentencia, para posteriormente analizar una posible apelación.
Por su parte la defensa de Roberto Cárdenas, abogado Pablo Villalba indicó que no están conformes con la resolución dictada en mayoría y que para ello fue más que contundente lo expresado por uno de los miembros del Tribunal, juez Blas Imas respecto a la inexistencia del daño patrimonial ni para el municipio y la comuna lambareña.
“Lo que yo sostuve siempre es que no hubo hecho punible, no se dieron los elementos del tipo penal de lesión de confianza y que el municipio en su carácter autónomo y autárquico podía haber realizado sin problemas las intercuentas y por ende no hay conducta típica y que no es criminalizable la misma, que más bien es una falta administrativa”, expresó el abogado.
Señaló además que el perito contable del Ministerio Público, indicó en juicio que “el destino que se le dio a la intercuenta fue para cubrir déficit temporal en caja del municipio”.
El abogado Pablo Villalba ya adelantó que apelará la decisión atendiendo a que para ellos es totalmente injusta la condena contra su cliente.
Esta es una de las causas abiertas contra el exintendente por el caso denominado royalties y pavimentación se investiga un supuesto perjuicio patrimonial a la comuna lambareña que asciende a más de G. 7.700 millones.
