Un Tribunal de Sentencia condenó a tres exagentes de la Policía Nacional durante la dictadura de Alfredo Stroessner por hechos de tortura cometidos contra Domingo Guzmán Rolón Centurión y otros detenidos políticos entre los años 1976 y 1978.
La sentencia se dictó tras un juicio oral y público en el que se consideró probada la participación de los acusados en una serie de apremios físicos y psicológicos sufridos por Rolón en dependencias del Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital.
Los condenados son Eusebio Torres Romero y Fortunato Lorenzo Laspina, quienes recibieron penas de 25 años de prisión, a más de Manuel Crescencio Alcaraz, sentenciado a 20 años de privación de libertad. El fallo fue adoptado por unanimidad por el Tribunal presidido por el juez Fabián Escobar e integrado por los magistrados Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza.
Según lo probado en juicio, Rolón fue detenido en octubre del año 1976 en la región de Puerto Pilcomayo (Argentina) y trasladado al Paraguay, donde permaneció en condición de detenido político por su supuesta vinculación con la organización Ligas Agrarias Campesinas. Durante su permanencia en el Departamento de Investigaciones, fue sometido a múltiples actos de tortura con garrote, látigo y otros objetos, además de vejámenes que incluyeron inmersiones de agua servida y privación de necesidades básicas.
A lo largo del juicio, diversos testimonios y pruebas documentales aportados por la Fiscalía detallaron que las torturas no se limitaron a golpes físicos, sino que también incluyeron amenazas contra la integridad de Rolón y de su familia, así como métodos destinados a obtener confesiones bajo coacción.
La víctima, quien falleció en el año 2024, contó con el respaldo de familiares y organizaciones de derechos humanos durante el proceso. Su viuda manifestó antes de la lectura del veredicto que “fueron muchos años de terror” y que la sentencia representaba un avance en la búsqueda de justicia para las víctimas de la represión estatal.
En sus alegatos previos, la Fiscalía había solicitado penas mayores, de hasta 30 años para Torres y Laspina y 25 años para Alcaraz, destacando la gravedad de los hechos y su impacto no solo sobre la víctima, sino sobre la familia y la sociedad en su conjunto. Los condenados, ya de avanzada edad, deberán cumplir las penas bajo distintas formas de cumplimiento impuestas por el Tribunal, conforme a lo previsto por la normativa vigente y las consideraciones de salud y seguridad.
El juicio forma parte de un conjunto de procesos judiciales que buscan examinar y sancionar violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura stronista (1954–1989), periodo marcado por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de opositores políticos, en los que se aplican normas contemporáneas sobre crímenes de lesa humanidad que no admiten prescripción.
