El Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Adriana Planás, Elsa García y Matías Garcete condenó esta tarde al exintendente de Mariscal Estigarribia, Eladio Alcaraz, por la comisión del hecho punible de lesión de confianza. La condena impuesta es de 4 años y 6 meses.
El Tribunal tuvo por probado que se causó un presunto perjuicio patrimonial de Gs. 1.054.108.448. Según el Tribunal, durante la administración del exjefe comunal en el 2013 se usaron fondos del FONACIDE para el pago de obras que no se ejecutaron. Además, resaltaron que no se presentó documentación que respalde todas las erogaciones. También resaltan que se violó normativas de la ley de Contrataciones Públicas y del FONACIDE.
El Fiscal Luís Piñánez refirió que, según las pruebas presentadas, una cantidad significativa de dinero, destinada por el Estado a través del rubro FINACIDE para la refacción y construcción de escuelas, nunca fue utilizada para estas multas. En su lugar, los fondos, que suman aproximadamente 1.054 millones de guaraníes, fueron desviados, generando un grave perjuicio patrimonial para el municipio de Mariscal Estigarribia, Chaco paraguayo.
El dinero, que debió haberse invertido en mejorar la infraestructura educativa, fue recibido por el entonces Ministerio de Hacienda. Sin embargo, al no haber realizado las obras de refacción ni construcción de aulas, el uso indebido de los fondos se constituyó en un claro caso de lesión de confianza.
Durante la entrevista, el fiscal Piñánez expresó su satisfacción por el avance del caso, destacando que la principal víctima de esta corrupción son los niños, especialmente aquellos pertenecientes a comunidades indígenas del Chaco. «Las víctimas son niños que pertenecen a comunidades indígenas, quienes deberían haber recibido estas mejoras para su educación y que hoy se ven reivindicados por este proceso judicial», comentó el fiscal.
Cuando se le preguntó sobre el destino final del dinero, el fiscal aclaró que, aunque la investigación pudo demostrar que los fondos fueron recibidos por el Ministerio de Hacienda, no se logró establecer con certeza en qué se usaba específicamente el dinero. Sin embargo, el hecho de que no se hayan realizado las obras estipuladas ya constituye el perjuicio patrimonial
En cuanto a la sentencia solicitada por el Ministerio Público, que pedía una condena de seis años y medio, el fiscal mencionó que, aunque el tribunal no coincidió completamente con la propuesta, respetan la decisión judicial. “El tribunal valoró las pruebas y dictó su sentencia en función de las circunstancias. No siempre coincidimos en el análisis, pero eso es parte del proceso” dijo.
Un aspecto clave en este juicio fue la participación de las víctimas, especialmente los indígenas, que tuvieron la oportunidad de transmitir su testimonio a través de una audiencia telemática. La presidenta del tribunal destacó que este formato permitió que, a pesar de las barreras lingüísticas y culturales, las víctimas pudieran expresar el impacto que este desvío de fondos tuvo en sus comunidades. «Gracias a esta modalidad telemática, las víctimas pudieron manifestar directamente su sufrimiento», señaló el agente del Ministerio Público.
